Denuncian a jueces en Fiscalía de Barinas por procedencia dudosa de dinero

Barinas.- Eulicer Andrés López Castillo, Juana Zoraida Mujica Medina, Ramón Alcedo Mancilla Salinas y José Erasmo Rojas son los cuatro campesinos que solicitaron al Fiscal del Ministerio Público de Barinas que abra una investigación en contra del exjuez Jimmy Jonathan Vivas y el juez Giorgio Alejandro Huerta Quintero, quienes dicen haber adquirido 200 búfalos a razón de 4.000 dólares cada uno, que pastaban en unos predios de los cuales ni siquiera conocen su ubicación precisa porque la propiedad es de los demandantes.

Los afectados tienen 10 y seis años de ocupación en unos predios denominados Finca San Lorenzo y Finca San Andrés, ubicados en el Sector Los Caballos, Parroquia Ciudad de Nutrias, Municipio Sosa del Estado Barinas. No obstante, el exjuez Jimmy Jonathan Vivas y el juez Giorgio Alejandro Huerta Quintero presentaron unos papeles de propiedad otorgados por el Instituto Nacional de Tierras en Caracas que los acreditan como supuestos dueños de los predios denominados «Los Almendros», que estarían dentro de los linderos que los demandantes ocupan y donde producen desde hace una década.

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Los demandantes refirieron que el 12 de agosto de 2019 fueron beneficiarios de una medida de protección a la actividad agraria en su condición de campesinos y trabajadores de la tierra, otorgada por el tribunal Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción del Estado Barinas, expediente 0194-19, con sede en la población de Sabaneta, Municipio Alberto Arvelo Torrealba del Estado Barinas, solicitada en virtud de las constantes amenazas de que fueran víctimas y que se traducen en visitas inesperadas de supuestos funcionarios de la Oficina Regional de Tierras (ORT) solicitándoles la desocupación de sus predios para adjudicárselos a otras personas.

Luego, sin explicación, el mismo tribunal revoca la medida de protección y se la otorga a los funcionarios quienes, según los campesinos, presentaron un legajo de documentos en los cuales ni siquiera coinciden los linderos que los nuevos beneficiarios presentan, con los predios que ellos trabajan desde hace una década y donde tienen establecidas sus viviendas.

Los pequeños productores, que viven de la venta de queso artesanal, sostienen que quienes reclaman las tierras viven en Caracas, a decir de la ficha del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss), nunca han vivido en el predio, donde apenas hay cuatro viviendas porque se trata de sabanas altamente inundables.

Extraños movimientos

Entre los argumentos que presentan los jueces hay varios que se caen por su propio peso, según estiman los campesinos. «Los límites que ellos presentan de su supuesta propiedad no coinciden con las coordenadas de sus linderos», aclararon, y agregaron que tampoco es verdad que los jueces tengan cría de ganado bovino ni bufalino y que hayan tenido que sacarlo de las tierras porque están inundadas. A su favor alegan que quien cría ganado sabe que el rebaño se mueve de lugar, pero no se saca de la finca.

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Lo que más les llama la atención a los afectados es que quienes reclaman esas tierras dicen poseer 200 búfalos que compraron a razón de 4.000 dólares cada uno, según la guía de movilización que presentaron para justificar una supuesta producción en la finca. Ahí es donde se preguntan: ¿cómo un funcionario y un exfuncionario público detentan semejante cifra de dólares para comprar esos animales, si su fuente de ingresos, o al menos la de uno de ellos, es el sueldo que devenga como juez del Tribunal de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas?

Es en razón a esa interrogante que los verdaderos propietarios de los predios solicitaron al fiscal superior del Ministerio público de Barinas que se investigue y se determine la procedencia del dinero con el cual compraron los supuestos búfalos; que se investigue todo lo relacionado con esa mentira de las guías, la movilización, el predio de donde proceden los animales, la existencia del predio a donde supuestamente fueron llevados, la forma como los transportaron, al vendedor de los búfalos, la forma de pago y todo lo relacionado con el caso.

Así mismo, Eulicer Andrés López Castillo, Juana Zoraida Mujica Medina, Ramón Alcedo Mancilla Salinas y José Erasmo Rojas pidieron investigar el tráfico de influencias para obtener los títulos de adjudicación que les otorgó el Inti sin tener fincas, ya que les habían sido revocados y se los volvieron a entregar, a uno a los ochenta y nueve (89) días y al otro a los cuarenta y cinco (45) días.