Barinas.- Glenny Peroza, docente del área de deporte en la escuela bolivariana Independencia II de la ciudad de Barinas, capital del estado llanero homólogo, se cansó de esperar por una respuesta que nunca llega.
Desde el 2017 denunció a Pedro Cuenca Blanco, director de la escuela donde labora, por la presunta comisión de los delitos de violencia psicológica, acoso u hostigamiento y en la Zona Educativa no se han pronunciado al respecto, razón por la que consideró demandar a la jefa de esa dependencia por evidente obstaculización y denegación de debida atención a su caso.
Peroza tiene más de dos años tratando de que las autoridades regionales de educación le den curso a la denuncia que interpuso en la Fiscalía 17 en contra de su colega Pedro Cuenca quien reiteradamente cometió los delitos de violencia psicológica, acoso y hostigamiento previstos y sancionados en los artículos 39 y 40 de la Ley Sobre Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra su persona cuando, en el 2017, profirió tratos humillantes, ofensas, comparaciones destructivas, acoso e intimidación, llegando incluso a amenazarla con una correa con intención de golpearla mientras se desarrollaba un consejo docente en el plantel donde ambos laboran.
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La falta de respuestas oportunas sobre su denuncia, que reitera su grado de indefensión y la convierte en víctima por segunda oportunidad, según Glenny Peroza y su abogado defensor, amerita la consignación de una nueva denuncia por violencia institucional, esta vez en contra del órgano rector en materia educativa en el estado Barinas a través de la jefe de la Zona Educativa (ZE), Mirla Castellanos y su equipo de trabajo.
Sostiene la demandante que la jefe de la ZE ha mostrado una evidente obstaculización de su caso al negarle la debida atención e impedirle el acceso a su derecho constitucional de recibir oportuna respuesta, antes de cumplir con su deber de revisar las actuaciones administrativas que corresponden, fundamentadas en el pronunciamiento jurídico emitido por personal de la Consultoría Jurídica en el que se evidencia que hay méritos para una averiguación administrativa, lo que implica que no es necesario esperar sentencia condenatoria de un tribunal penal para investigarlo administrativamente, explicó.
Peroza reclama que la trasladaron a la Escuela Bolivariana Don Samuel, donde permanecía de manera temporal mientras resolvía su caso, sin haberle participado sobre esa decisión arbitraria que conlleva a su desmejoramiento laboral dicha, en tanto a que le priva automáticamente de la prima geográfica por la que percibía en su talón de pago un porcentaje. Para la docente, “es evidente la parcialidad que existe en Zona Educativa por el mencionado agresor y lamenta que sean mujeres las que pretenden protegerlo por su peso político", comentó.
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