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Guanare.– Incertidumbre y desinformación es lo que padecen los familiares de los 47 reclusos fallecidos y de los 71 heridos en el motín que ocurrió este viernes, 1° de mayo, en el Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales (Cepello), en Guanare, capital del estado Portuguesa.
Frente al Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamef), ubicado en la sede de la delegación Guanare del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se observaron decenas de familiares que reclamaban los cuerpos de las víctimas sin recibir más que exigencias de jabón y cloro, entre otros desinfectantes para asear los cuerpos y limpiar la morgue.
Ángela Paredes, madre de uno de los reclusos asesinados, informó que el reconocimiento de los cadáveres comenzó este sábado, 2 de mayo, a media mañana. El proceso no se realizó en físico sino por medio de fotografías digitalizadas mostradas a través de una computadora, preciso la mujer.
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Víctor Calderón, quien hacía diligencias en el Senamef para retirar el cadáver de su hijo, negó que el motín haya sido un enfrentamiento. Se trató, dijo, de una masacre perpetrada antes del pase de la comida. «Los presos protestaban por el levantamiento de las medidas de restricción de visitas impulsadas para frenar el contagio de COVID-19; no había razones para que el reclamo se tradujera en muerte», indicó.
Los familiares de las víctimas del motín del Cepella también se quejaron de los precios de los servicios funerarios y de las condiciones impuestas para ello. «Nos están cobrando 500 dólares por un traslado hasta Barinas y nos exigen que no haya velatorio», indicó Paredes.
Foto: Bianile Rivas 
Foto: Bianile Rivas
Heridos sin diagnóstico
A las puertas de la sala de emergencias del hospital Universitario Doctor Miguel Oraa también había llanto y exigencias de información. Víctor Becerra relató que uniformados de la policía estadal solo muestran a los familiares una lista de víctimas, pero sin detalles del diagnóstico. «Sabemos que unos, los más estables, están en hospitalización y que los más graves están aún en cuidados intermedios», refirió.
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No hay una autoridad de salud que ofrezca detalles a las familias y que autorice a los reclusos heridos comunicarse con sus allegados. Becerra reconoció que el hospital está asumiendo algunos medicamentos.
Víctor Becerra destacó que las familias están solas, que no hay presencia de autoridades ni de órganos de derechos humanos. «Por lo menos deberían dar la cara y prestar el apoyo, estás muertes son responsabilidad del estado», agregó.
Transcurridas 24 horas de los sucesos del Cepello aún no se conoce el pronunciamiento oficial del gobernador Rafael Calles ni de ninguna autoridad regional penitenciaria. Tampoco de la fiscal superior del Ministerio Público, Amarlys Pérez.
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