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Guanare.- Entre marzo y diciembre de 2020 la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) documentó 140 casos de detenciones arbitrarias entre los estados Barinas, Portuguesa, Guárico, Cojedes y Apure.
Las detenciones arbitrarias ocurridas en la región de los Llanos fueron colectivas, bajo el argumento de incumplimiento de las restricciones del Decreto de alarma nacional por la pandemia de COVID-19 y por ejercer el derecho a la manifestación pacífica, dijo la organización el miércoles 29 de septiembre, en la presentación de su informe anual.
Durante ese contexto de la pandemia, la entidad con mayor número de casos documentados fue el estado Cojedes con 46% de registros, sigue el estado Barinas con 35.3% de registros, Guárico con 9.3%, Apure con 6% y Portuguesa con 3.3%, aseguró el presidente de Fundehullan, Roland García.
Fundehullan califica detención arbitraria cuando una autoridad pública priva de libertad a una persona sin cumplir con el debido proceso y las garantías judiciales.
De acuerdo con la información analizada por la fundación, el cuerpo de seguridad que lidera la ejecución de las detenciones arbitrarias en esta región de Venezuela es la Guardia Nacional (GN). Este componente sería responsable de 26 de los casos, que representan 39.4% de las aprehensiones. A la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se le adjudican 19 casos, 28.8%, y a la Policía Estadal 12, 18.2%. El resto de las detenciones corresponden a órganos de seguridad civiles.
El trabajo fue desarrollado por Fundehullan a través de un monitoreo de medios de comunicación y redes sociales y la realización de más de 90 entrevistas a víctimas y testigos.
Caso para no olvidar
En Apure, Fundehullan destaca, por su significación, el caso de la detención del periodista Eduardo Galindo Peña. El 13 de abril de 2020 tres funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas) y tres civiles se llevaron al periodista de su casa en San Fernando de Apure hasta la sede del Conas para rendir declaraciones sobre una publicación del comunicador aparecida en su portal web Senderos de Apure.
«Los funcionarios exigieron a Peña que llevara consigo su teléfono celular. El comunicador se negó. Diez minutos después, efectivos de este mismo organismo de seguridad regresaron a la casa del periodista en búsqueda de la computadora de trabajo, a lo que se negaron su hermano Leonardo Galindo Peña y su esposa Yoleide Rodríguez. La negativa les valió a ambos su detención», relata la ONG.
En Barinas, Fundehullan registró el 27 de abril de 2020, en la comunidad Libertador, de Santa Bárbara, municipio Ezequiel Zamora, el caso de la detención de cuatro ciudadanos por cacerolear frente a sus casas al cumplirse 12 horas sin servicio de electricidad.
“Detenidos por un comando mixto de cuerpos de seguridad del estado (GN y Policía estadal) en compañía de un grupo irregular llamado “Los Boliches". Una vez en la comandancia policial, las víctimas fueron sometidas a tratos crueles. Son identificadas como: Orlando Márquez Contreras, de 69 años de edad, Lucia Arena Alarcón, de 49, Cairo Leonel Aguilar Medina, de 19, y Liniker Eli Villamizar Guerrero, de 16 años", detalla el informe de Fundehullan.
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