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Acarigua.- La coalición sindical del magisterio del estado Portuguesa consignó este lunes, 31 de mayo, un documento ante la Inspectoría del Trabajo, con ello interpuso formalmente la denuncia por el despido masivo de docentes por parte de la zona educativa.
Acompañados por voceros del gremio de enfermería y activistas de los derechos humanos, la representación del magisterio acudió a la dependencia local del Ministerio del Trabajo, para pedir que cese la “cacería humana" por parte del Estado, así como la violación sistemas de derechos humanos y de la Constitución de Venezuela.
El secretario de la Federación Venezolana de Maestros en Portuguesa, Pablo Rangel, explicó que son más de 500 docentes a los que se les ha suspendido el salario. Detalló que corresponde a una acción que inició la última semana de mayo.
“La Zona Educativa al parecer tiene un tribunal de inquisición o un paredón donde no perdonan a los educadores, sino que los condenan a muerte al quitarle el salario. La suspensión del salario está prohibida por la Constitución Nacional, en el artículo 89. Aquí se ha cometido un crimen contra más de 500 docentes», dijo Rangel.
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El representante gremial explicó que con esta acción, el Estado “incurrió en la violación de más de diez artículos de la Constitución nacional y de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que para sancionar a un funcionario público se debe, primero, abrir un procedimiento administrativo y aquí no se hizo nada de eso sino que de manera tácita se le suspendió el sueldo al trabajador, violentando sus derechos humanos y legales", expresó.
Asimismo, informó que para el próximo jueves 10 de junio, la Inspectoría del Trabajo acordó instalar en la ciudad de Guanare, una mesa de negociación entre la Zona Educativa y el magisterio para buscar una solución al hecho denunciado.
Recalcó además que el gremio y los trabajadores afectados se movilizarán próximamente a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional y a todas las instancias pertinentes para hacer que la Zona Educativa respete el Estado de derecho.
