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Acarigua.- El delito de peculado doloso propio previsto y sancionado en la Ley contra la Corrupción fue imputado a las tres enfermeras del Hospital Dr. Jesús María Casal Ramos, de Acarigua, en Portuguesa, investigadas por cobrarles a familiares por el cuidado de sus pacientes recluidos en el área de COVID-19.
La audiencia de presentación de imputados fue celebrada el lunes 11 de octubre por el Tribunal Segundo de Control del Segundo Circuito Judicial Penal de Portuguesa, extensión Acarigua. Culminó en horas de la noche.
Las detenidas son Jania Coromoto Veroes, de 41 años, licenciada en enfermería y con residencia en el barrio 5 de Diciembre, de Acarigua; Betty Josefina Adan Escobar, de 40 años, habitante del sector Andrés Eloy Blanco; y Azdaly Nailet Mejías Nadal, de 37 años, también del barrio 5 de Diciembre. Estás últimas son técnico superior universitario en enfermería.
El juez de la causa ratificó la privativa de libertad mientras se continúa con la investigación y se recaban las pruebas para presentar la acusación fiscal. Por lo pronto permanecerán detenidas en el Centro de Coordinación Policial Juan Guillermo Iribarren, de la ciudad de Araure, que funciona como reclusorio preventivo de mujeres en el cono norte de Portuguesa.
De acuerdo con la Ley contra la Corrupción, el peculado propio es perpetrado cuando cualquier persona, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público, se apropia o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público, cuya recaudación, administración, manejo o custodia tengan por razón de su cargo.
Asimismo, la referida ley establece una pena de prisión de 6 a 10 años y multa del 100% del valor de los bienes objeto del delito.
La aprehensión de las tres enfermeras se realizó el pasado miércoles 6 de octubre en el mismo hospital, y fue practicada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva (Diep) de la Policía del estado.
Sobre ellas pesaba una orden de captura N° PP11-P-1675-2021, emitida por el Tribunal Segundo de Control del Segundo Circuito Judicial Penal del estado, extensión Acarigua, por el delito de corrupción, relacionada con la causa MP-188314-2021.
Las profesionales de la enfermería comenzaron a ser investigadas cuando entre el pasado 23 y el 28 de septiembre unos familiares de dos adultas mayores fallecieron en la sala de aislamiento de pacientes con COVID-19 del J.M. Casal Ramos.
Las víctimas fueron Yolanda Rondón, de 69 años, quien murió el pasado 15 de septiembre, e Ingrid Coromoto Navarro, de 70 años, cuya muerte se registró el jueves. Los familiares de estas damas hicieron públicas las irregularidades que se presentaban en este centro centinela del cono norte. Ambas historias fueron publicadas en El Pitazo.
Los allegados denunciaron que para que los pacientes tuvieran una atención respetuosa y se les cumpliera el tratamiento a las horas indicadas y al pie de la letra, las enfermeras cobraban alrededor de 60 dólares diarios.
Este lunes 11 el gremio fijó posición respecto a estos hechos y solicitó al Ministerio Público investigar por igual al director del hospital Casal Ramos, Emilio Montilla, y a la autoridad regional de Salud, Jesús Aldana.
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