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Acarigua.- 4.000 bolívares es el monto que trabajadores recién jubilados de la Alcaldía del municipio Páez, en Portuguesa, recibieron por seis dotaciones de uniformes que el cabildo local adeudaba desde el año 2017.
«Nos dieron 4.000 bolívares, eso no alcanza ni para comprar una aguja. Por los uniformes del año 2018, que nos correspondían dos dotaciones, nos dieron 500 bolívares por cada una. Es una burla», dijo una de las extrabajadoras afectadas, quien junto con otros jubilados se concentraron este martes 20 de enero en las afueras de la Alcaldía en una acción de protesta.
Luz Escalona, vocera del grupo de jubilados, explicó que son 155 trabajados a los que les otorgaron la prejubilación en el año 2019; sin embargo, las resoluciones salieron en septiembre de 2020, cuando ya se había iniciado el proceso para acordar el nuevo monto de los pagos por uniformes y otros beneficios contractuales pendientes.
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«Nosotros estábamos activos cuando se comenzó la discusión y entrábamos en esos pagos en dólares que le dieron a los trabajadores que aún continúan y que por las dotaciones pendiente recibieron 100 dólares cada uno. Cómo nos van a dar a nosotros 4.000 bolívares, que no tiene valor de nada. Desde hace mucho ese monto está devaluado», expresó.
De acuerdo con lo precisado, a estos trabajadores los cesaron sin informarles el monto del pago de los beneficios con los cuales los estaban liquidando.
Aseguraron que quedaron vacaciones vencidas sin cancelar y que a algunos de los empleados que estaban gozando del beneficio, cuando anunciaron los procesos de jubilación, tampoco se las pagaron.
La vocera de los extrabajadores exhortó a las autoridades locales a atender la petición de las personas que dedicaron, en su mayoría, más de 20 años de servicio a la institución, y que recibieron de prestaciones sociales entre 2.000.000 y 2.800.000 bolívares, lo equivalente a menos de 2 dólares al cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).
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Asimismo, Rafael Rodríguez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Alcaldía de Páez, anunció su respaldo a los trabajadores y precisó que se mantienen en conversación con la Inspectoría del Trabajo para canalizar los reclamos.
«El proceso no es rápido, porque a los trabajadores activos nos costó un año de espera y nos pagaron en diciembre, y como se trata de un derecho adquirido que no prescribe también le corresponde a los que salieron jubilados», comentó a los medios el dirigente sindical.
