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Guanare.- Los tribunales penales de Juicio y Ejecución de Guanare y Acarigua atendieron, luego de más de un año de demoras, a 72 reclusos procedentes del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Estos casos corresponden a un grupo de los 2.054 presos que fueron desalojados del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello) luego de su desmantelamiento, ordenado por la ministra de entonces, Iris Varela, el 14 mayo de 2020 en ocasión de una masacre registrada 14 días antes, la cual dejó 47 muertos y 47 heridos graves.
Los reclusos llegaron en dos lotes: el lunes 16 de agosto trasladaron 40 hasta Acarigua y este lunes 23 de agosto trasladaron 6 a Guanare y 26 a Acarigua, informó María Graciela Pinzón, madre de uno de los reos. Los presos fueron atendidos en una jornada convocada para resolver sus procesos penales que se encuentran paralizados desde hace más de un año, desde que fueron trasladados fuera de la jurisdicción penal. Sus casos presentan un alto grado de retardo procesal, revela la madre afectada por las demoras judiciales.
En esta jornada, 10 procesados se acogieron a la fórmula especial de admisión de los hechos y recibieron su condena. De ese total, 6 procesados por delitos contra la propiedad fueron beneficiados por el otorgamiento de la medida cautelar de detención domiciliaria inmediata. Los otros penados fueron impuestos de sus cómputos de la pena impuesta.
Entre los procesados encontramos el caso de Carlos, a quien se le omite su identidad a petición de sus familiares. El hombre se encontraba detenido desde el año 2016, procesado por el delito de robo agravado. Aun teniendo 5 años privado de libertad sin la resolución de su caso y sin sentencia definitiva, tuvo que acogerse a la fórmula especial de admisión de hechos: fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión con la pena cumplida en más de las tres cuartas partes, refirió en una alerta informativa Una Ventana a la Libertad (UVL), una organización no gubernamental venezolana dedicada a la defensa de los derechos de los reclusos.
Carlos no tuvo alternativas para la apertura de su juicio oral, ya que no se le garantiza el traslado para sus actos procesales, siendo la admisión de los hechos la única posibilidad de resolver su proceso penal. Y así como este procesado se encuentra la mayoría de los internos evacuados del Cepello, quienes desde que fueron evacuados a otros penales no son trasladados a sus tribunales de origen, dijo UVL.
Desde julio y agosto de este año, familiares de estos privados de libertad reclamaban a diario por traslados y cómputos de la pena frente a las sedes judiciales de Guanare y Acarigua. Exigían celeridad procesal y respuesta oportuna a sus demandas. Así mismo, denunciaban los cobros en dólares por los trámites administrativos y los diferimientos del otorgamiento de boletas de excarcelación. También denunciaban el avance de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la ausencia de tratamientos médicos.
