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Acarigua.- Los detenidos en calabozos del Cicpc de Acarigua continuaron la protesta de este, jueves 20 de mayo, con una huelga de hambre. Entre las exigencias que hacen a las autoridades está el cese de los maltratos que dicen sufrir por parte de los funcionarios, celeridad en los procesos judiciales y trasladado a los penales.
Se trata de 75 reclusos que permanecen en un solo calabozo ubicado en el sótano de la sede del órgano detectivesco, unos ya condenados y otros esperando el desarrollo de sus juicios, que se han retrasado más de lo habitual, a causa de las restricciones por la pandemia.
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Luego de la protesta de la tarde del jueves, durante este viernes 21, los familiares de los privados de libertad han permanecido en los alrededores del Cicpc. Temen que se vuelva a registrar otro episodio de violencia o, peor aún, que se repita algo similar a la masacre de los calabozos de la policía de Páez, ocurrida en mayo de 2020, donde murieron 29 detenidos.
Fueron los mismos allegados quienes expusieron las causas por lo cual protestan los detenidos en el Cicpc. «Los maltratan ahí adentro, cada semana es que permiten pasarles una muda de ropa, sin embargo, ya tienen más de 8 días que eso tampoco lo permiten. No los dejan bañarse», aseveró una de las familiares.
Dilia Duin, abuela de uno de los detenidos, informó a la prensa que su nieto padece de tuberculosis y que pese a su condición, las autoridades de la policía científica no permiten el paso de sus medicamentos.
Según el grupo de familiares, en su mayoría madres y esposas, esta enfermedad ha cobrado la vida de cinco detenidos. Otros presentan erupciones o llagas en el cuerpo. «Y lo que hacen es echarle agua en el piso para que pasen frío, así nos lo han contado en las cartas que nos envían», aseguraron.
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Los familiares lograron hacer contacto con Mirelys Contreras, ministra de Asuntos Penitenciarios de la administración de Nicolás Maduro, para exponer lo sucedido y las peticiones de los reclusos.
Según Gabriela Sánchez, hermana de uno de los detenidos, la funcionaria se comprometió a gestionar los traslados de los privados de libertad que ya fueron condenados, de forma progresiva.
Asimismo, Contreras ordenó el pase de ropa, comida, medicinas y el restablecimiento de las visitas.
