Guanare.- Las muertes maternas ocurridas durante la última semana de junio del presente año en el Hospital Universitario Miguel Oraá, en Guanare, han encendido las alarmas en la comunidad médica de ese centro de salud público. El viernes, 1 de julio, se conocieron tres decesos y una denuncia en la policía científica.
El exdirector regional de Salud, el médico Alfredo González, precisó en una entrevista con El Pitazo que las cifras vienen creciendo desde hace algún tiempo y que su comportamiento es similar al de la última década, aunque advirtió un subregistro por falta de estadísticas oficiales.
Solo en el 2022 hemos registrado en el hospital universitario de Guanare cinco muertes maternas, informó González, asimismo, destacó 10 defunciones por la misma causa durante 2021 en esa jurisdicción y 25 en todo el estado Portuguesa.
Al médico le preocupa que se intente judicializar la actuación de varios de sus colegas frente a las muertes ocurridas en el Miguel Oraá. Aquí lo que procede, recomienda, es investigar por qué la Gerencia y la Administración del hospital no han instalado el comité de prevención de muertes maternas y por qué se han cerrado las consultas preventivas para mujeres en situación de alto riesgo obstétrico, entre otras violaciones al derecho a la salud.
En 2010 comenzó el declive de los programas de asistencia a las mujeres de alto riesgo obstétrico, argumentó. Durante ese año, esa consulta preventiva no llegó al 10% de su cobertura. Ahora la situación es peor, pues fue cerrada, precisó el especialista en salud pública.
Debe investigarse, a juicio de González, qué pasa con el comité de prevención de muertes maternas, instancia que se debe reunir cuando ocurren eventos de esta naturaleza para revisar los protocolos y aplicar correctivos. Destacó que es obligación de los directores de hospitales vigilar las consultas externas que deben brindar los ginecobstetras a las mujeres embarazadas de alto riesgo obstétrico.
De acuerdo al protocolo deberían atenderse dos mujeres primerizas y cuatro sucesivas, para un total de seis semanales y 24 al mes. Esto, lamentablemente, no se está haciendo, denunció.
Alfredo González advirtió que en el Hospital Miguel Oraá las hojas de morbilidad (enfermedad) son firmadas por los médicos residentes e internos, pero en la realidad las consultas no se realizan.
Al cerrar su declaración, el exdirector regional de Salud instó a las autoridades regionales a cumplir con el mandato de instalar el comité de prevención de infecciones intrahospitalarias, pues la mayoría de los servicios del Miguel Oraá están contaminados en su totalidad. «Los pacientes llegan en procura de salud y egresan enfermos«.
Antes de acciones aisladas del Ministerio Público por una supuesta mala praxis médica, lo que sugiere la grave situación del Hospital Miguel Oraá es una intervención profunda, sostuvo González. Aseguró que se equivocan quienes descargan la responsabilidad sobre médicos comunitarios. «Las cesáreas las hacen los ginecobstetras, los únicos formados y autorizados para ese tipo de intervenciones quirúrgicas», concluyó.
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