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Acarigua.– Siete denuncias por estafa fueron procesadas por los organismos de seguridad contra Aglaia Antonietta Márquez de Mendoza, señalada por el Ministerio Público de liderar una red de corrupción
que desde Portuguesa operaba en varios estados de Venezuela.
En las actas procesales, algunos de los denunciantes afirman que pagaron a la mujer 2.000 dólares en efectivo. Solo una de las siete víctimas no ofreció declaraciones en los órganos de seguridad tras haber formulado la denuncia.
La abogada, de 30 años de edad, natural y residenciada en una urbanización de la ciudad Acarigua, fue detenida el pasado jueves 2 de julio por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalísticas (Cicpc), Subdelegación El Llanito, con sede en Caracas, donde se había mantenido oculta la investigada.
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Tras la serie de denuncias formuladas en contra de Aglaia Antonietta, el Ministerio Público liberó una orden de aprehensión oficiando al Bloque de Búsqueda del Cicpc-Acarigua. El miércoles 1° de julio, la Fiscalía anunció que la ciudadana fue detenida “usurpando funciones de instituciones judiciales y policiales». Agregó que la abogada «se dedicaba a extorsionar a personas con problemas legales ofreciéndoles resolver su situación a cambio de altas sumas en divisas".
Según las autoridades, dicha organización de corrupción operaba también en los estados Monagas, Zulia y en el Distrito Capital, y aunque se desconoce la cantidad de miembros, era Márquez de Mendoza quien se identificaba como alta funcionaria de instituciones del sistema de justicia y cuerpos de seguridad del Estado venezolano, con el fin de extorsionar a personas.
Según los testimonios recabados por funcionarios policiales en el marco de las investigaciones, algunos de los denunciantes señalaron que la abogada penalista llegó a presentarse como la Fiscal Superior de Portuguesa y también como funcionaria de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional y hasta de la Superintendencia de Bancos (Sudeban).
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Luego de la detención de la investigada, el sábado 4 de julio, el Tribunal Cuarto de Control del Segundo Circuito Judicial Penal de Portuguesa, extensión Acarigua, a cargo de la jueza Angelimar Matute, le imputó, a solicitud del Ministerio Público, los delitos de usurpación de funciones, suposición de valimiento y estafa.
Por los cargos atribuidos, Márquez de Mendoza podría enfrentar pena de más de seis años de prisión. Hasta momento se desconoce el sitio de reclusión que le fue impuesto por la jueza de la causa.
La procesada usaba sus redes sociales para mostraba fotos portando prendas alusivas al Ministerio Público y a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), y también para exhibir sus relaciones con políticos del oficialismo.
En sus cuentas promocionaba la gestión del fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, y del director de la Faes, Miguel Domínguez, pero además, mostraba sus fotografías con personalidades del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Laura Alarcón, integrante de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente.
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