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Representantes de diversas organizaciones y de la sociedad civil de Barinas, entregaron un documento al fiscal superior de ese estado de los llanos suroccidentales venezolanos, para
exigir un pronunciamiento, por parte de las autoridades, por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos.
El hecho tuvo lugar el pasado 13 de marzo, en la sede del Ministerio Público, según la información suministrada el martes 24 de marzo por Jean Paolo Colmenares, Mildreth Gómez, y Lenner Torres, en representación de la Fundación de Derechos Humanos de lo Llanos (Fundahullan) y la Red Justicia y Libertad.
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En el documento plantearon el tema del agua, donde señalan que gran parte de las comunidades se ven afectadas por la falta de suministro de agua, lo que constituye una violación de un derecho humano.
Abordaron también las fallas en la distribución del gas doméstico, que dura meses para llegar y en la calle piden 10,20 y hasta 40 dólares por llenar una bombona y la gente se ve en la obligación de buscar leña para poder cocinar.
Otro servicio es la energía eléctrica, que se va durante largas horas en el estado Barinas impidiendo de esta forma realizar actividades cotidianas necesarias, «mientras que el gobierno ha preferido mandarla a otros estados», se quejaron.
Ante lo expuesto, los demandantes pidieron un pronunciamiento, una explicación por todo lo que ocurre día a día en el estado Barinas, y que lo consideran como el deterioro progresivo de la calidad de vida.
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