Tegucigalpa.- En lo que va de 2022, un total de 124.865 inmigrantes han ingresado a Honduras de manera irregular con el fin de continuar su ruta hacia Estados Unidos. De este grupo, 44.315 son de origen venezolano, según lo expone cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Según datos de la institución hondureña, el 43,4 % (54.198) de los inmigrantes son de nacionalidad cubana, 35,5 % (44.315) venezolanos, 6,7 % (8.359) ecuatorianos y el 3,9 % (4.943) haitianos.
El restante 10,5 % (13.050) de inmigrantes provienen de países como África, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Nicaragua y Uruguay, entre otros, añadió.
Agosto es el mes que más inmigrantes han ingresado a Honduras de manera irregular con 22.661, y enero en el que menos entraron, 1.766, señaló.
El 55,8 % (69.647) de los inmigrantes son hombres, 26,8 % (33.472) mujeres, 9,6 % (12.000) niños y un 7,8 % (9.746) son niñas, agregó el Instituto de Migración.
Del total de extranjeros detenidos, el 54,3 % (67.802) tenían entre 0 y 30 años, y el 45,7 % (57.063) eran mayores de 30 años.
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El Instituto de Migración indicó además que el 74,7 % (93.266) de los inmigrantes ingresaron a Honduras por los municipios de Danlí y Trojes, departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua.
El Paraíso se ha convertido en los últimos meses en una nueva ruta que migrantes, principalmente de África, Cuba y Haití, están utilizando para seguir hacia Estados Unidos.
La mayoría de los inmigrantes que entran a Honduras lo hacen de manera irregular, por «puntos ciegos» a través de traficantes de personas, conocidos como «coyotes», quienes no siempre los llevan hasta la frontera con Guatemala.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) pidió el martes al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales que se investigue a elementos de la Policía Nacional que están haciendo cobros ilegales a inmigrantes de varios países.
«El Conadeh condena y rechaza contundentemente la actitud de esos policías que le están cobrando a las personas migrantes, ya que no solo se constituye en una violación a los derechos humanos, sino que en un delito porque están abusando de su autoridad», por lo que se debe proceder «contra esas autoridades», indicó el organismo humanitario en un comunicado
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