San Juan.- La familia del bebé migrante venezolano asesinado por los guardacostas trinitenses busca que el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago les otorgue permisos para permanecer en ese país y no ser deportados, informó este jueves, 10 de febrero, su abogado.

El hermano y el primo del niño, que falleció en brazos de su madre en el mar, contrataron los servicios de los abogados de CJ Williams Law Company para presentar la solicitud en nombre de la familia Santoyo Sarabia. El objetivo es la reunificación familiar en Trinidad y Tobago, donde ya vive el padre del niño y otros parientes.

El letrado Blaine Sobrien dijo que sus clientes son refugiados y hay familiares del bebé en Trinidad y Tobago que no pueden regresar a Venezuela porque algunos de ellos eran miembros de las fuerzas armadas y si regresan pueden enfrentar la cárcel o ser asesinados.

«El resto de la familia también está en riesgo si regresan, al igual que muchos ciudadanos venezolanos en Trinidad y Tobago que buscan el estatus de refugiado en este país», agregó Sobrien, según recogen los medios locales.

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Sobrien adelantó asimismo que sus clientes quieren que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) facilite su estancia en Trinidad y Tobago o su reasentamiento en otro país y que los abogados se comunicarán con todos los organismos pertinentes para lograrlo.

La madre del bebé también resultó herida cuando los guardacostas abrieron fuego el fin de semana pasado contra la embarcación en la que viajaban con otros migrantes, un total de 17 adultos y 10 niños, según los últimos datos. La mujer se encuentra actualmente hospitalizada pero ya fuera de la unidad de cuidados intensivos.

La Guardia Costera trinitense explicó que abrió fuego contra la embarcación en la que viajaban en un intento de detener a los migrantes y en «defensa propia», alegando que habían intentado «embestirlos».

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Este hecho despertó numerosas críticas tanto de organizaciones humanitarias como del exilio venezolano, pero también dentro de Trinidad y Tobago, donde la líder de la oposición Kamla Persad-Bissessar reprendió a la Guardia Costera y calificó lo sucedido de asesinato.

Ante la controversia despertada, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, respondió ayer, 9 de febrero, que la muerte del bebé fue «un accidente«, al tiempo que defendió el trabajo de los guardacostas.

La Policía y la Guardia Costera de Trinidad y Tobago han puesto en marcha dos investigaciones paralelas para aclarar las circunstancias de la muerte.

La ruta migratoria hacia las diferentes islas del Caribe, la menos utilizada por los 6 millones de venezolanos que han salido del país, según la ONU, como consecuencia de la crisis, saltó a la palestra tras el naufragio hace un año de una embarcación en la que viajaban 41 venezolanos hacia Trinidad y Tobago.