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Tras la práctica disolución de las dos primeras por parte de las autoridades, una tercera caravana migrante conformada por centenares de personas, en su mayoría haitianos, venezolanos y centroamericanos, salió el miércoles 1 de septiembre desde el municipio de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, hacia el norte de México.
La mayoría de los que viajan en este éxodo migratorio han permanecido varios días, e incluso meses, en espera de documentos oficiales que les permitan quedarse o transitar por México. Sin embargo, la desesperación y la falta de dinero los ha obligado a salir en caravana como el único medio para avanzar hacia la frontera norte del país. Ni la fuerte lluvia que se ha presentado en la región desde la madrugada detuvo al contingente, que lleva a varias embarazadas.
Temor a las autoridades
Desde el pasado fin de semana se han conformado en la región otras dos caravanas migrantes, que si bien avanzaron varias decenas de kilómetros, fueron finalmente disueltas por la Guardia Nacional y otras autoridades federales. Tres agencias de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) —Acnur, OIM y ONU-DH— exigieron a las autoridades mexicanas «respetar los derechos humanos de los migrantes» tras el violento operativo para disolver dicha caravana
Por otra parte, el mismo miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su preocupación por la seguridad y el bienestar de los miles de niños y adolescentes que viajan desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos, y advirtió de los peligros que corren en estas caravanas.
Los migrantes que consiguen escapar de los operativos de seguridad suelen refugiarse en comunidades de la zona, donde se reagrupan para intentar avanzar nuevamente. Los migrantes, que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, buscan llegar a Estados Unidos para pedir refugio.
Tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México, muchos de ellos menores de edad. Para contener la migración ilegal, el Gobierno mexicano tiene desplegados más 27.000 efectivos de las fuerzas armadas en sus fronteras sur y norte.
