El Gobierno de Uruguay creó la «residencia por arraigo», una figura legal que permitirá de forma excepcional regularizar la situación migratoria de más de 20.000 personas, en su mayoría provenientes de Cuba, informó el jueves 16 de mayo la Cancillería.
El decreto -firmado la víspera por el presidente del país, Luis Lacalle Pou- busca acabar con el limbo en que se encuentran miles de personas extranjeras.
Se trata de personas que ingresaron al país como solicitantes de asilo, pero que no cumplen con los requisitos para ser refugiados ni tampoco pueden obtener la residencia legal, de acuerdo con la normativa vigente.
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«Apunta a más de 20.000 personas que están en situación irregular«, explicó a periodistas el canciller, Omar Paganini. Dijo que básicamente se trata de personas migrantes «de origen cubano» que pidieron asilo al ingresar al país por no contar con la visa que Uruguay requiere a Cuba.
Con la nueva normativa, estas personas podrán optar por renunciar al pedido de asilo y tramitar la residencia legal. Podrán acceder a tres tipos de residencia: por arraigo laboral o trabajo por cuenta propia (permanente), por arraigo familiar (permanente) y por arraigo para formación (temporaria renovable). Eventualmente también podrán aspirar a la ciudadanía.
Paganini enfatizó que el decreto permite además la reunificación familiar, algo a lo que no están habilitadas las personas solicitantes de asilo. Consultado sobre la posibilidad de que la «residencia por arraigo» estimule la migración a Uruguay, el canciller subrayó que esta figura legal rige solamente para quienes ya se encuentren en el país en situación irregular.
Actualmente, la Comisión de Refugiados (CORE), encargada de procesar las solicitudes de asilo, tiene pendiente de respuesta más de 24.000 pedidos, informó la Cancillería.
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