Caracas.- Emigrar de manera irregular a Colombia se ha convertido en un caldo de cultivo para que migrantes venezolanas caigan de manera desesperada en la prostitución por supervivencia y en blanco fácil de bandas de trata de personas.
Mediante un estudio, la ONG Aid For Aids, en llave con el programa Conectando Caminos por los Derechos de Usaid, le tomó el pulso a esta tragedia en seis ciudades de Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Maicao.
La organización revisó, al menos, 600 casos en los que determinó que los principales problemas que enfrentan estas personas son las enfermedades de transmisión sexual y afecciones sicológicas. Además de la imposibilidad de regularizarse en el país.
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La historia de Claudia es una de los centenares de testimonios de mujeres que fueron revisados. Ella usa su cuerpo como cambio para poder mantenerse, pagar la comida y el arriendo mientras logra regularizar su condición en el país.
«Uno se siente tan horrible, pero nos toca, más que todo, porque del trabajo de nosotras dependen muchas familias», relató Claudia a la revista Semana. La mujer está clara en que diariamente está expuesta al peligro, porque le tocó de cerca ver lo que le sucedió a una de sus amigas y compañera de trabajo.
«Hace aproximadamente seis meses me ofrecieron 1.200.000 pesos por aceptar irme con unos hombres; ellos dejaron de una vez pago en el hotel para sacarnos de ahí, pero teníamos que estar con todos, sin usar preservativos, e inyectarse heroína», dijo.
«Yo gracias a Dios nunca he consumido, no quiero consumir y preferí no aceptar; pero una amiga mía, desde el día en que se la llevaron, no aparecía y hace 15 días la encontraron muerta«, relató.
Sin acceso a pruebas de VIH
Los investigadores descubrieron que la tarifa promedio de cobro por servicios sexuales es de 20.000 pesos. No tienen acceso a pruebas de VIH y el 4,4% manifiesta que tiene esa enfermedad y de este grupo 90% no tiene acceso a un tratamiento antirretroviral. Como llegaron al país por caminos irregulares o trochas, no cuentan con servicios de salud.
«Una de cada tres no tiene ni siquiera acceso a servicios públicos como agua, electricidad, gas y la mayoría de los ingresos que obtienen lo destinan a gastos de alojamiento y comida», se lee en el estudio.
Según la caracterización hecha por la ONG, en este grupo de 600 personas hay enfermeros, abogadas, contadores, profesoras, ingenieros, médicos y antiguos ejecutivos, que también deben enfrentar problemas relacionados con salud mental.
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