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Punto Fijo.- Los familiares de 14 detenidos hace 6 meses por la Policía de Falcón, cuando pretendían salir de forma ilegal vía marítima a Curazao, protestaron pacíficamente la mañana de este jueves, 16 de julio, en las afueras de los tribunales penales en Punto Fijo para exigir que se haga la audiencia preliminar.
Los familiares acudieron con pancartas para rechazar el retardo procesal penal que tiene el caso, ya que fueron detenidos hace 6 meses y solo se ha hecho la audiencia de presentación en la que quedaron privados de libertad por 45 días.
Dilia Colina, madre de uno de los detenidos, asegura que su hijo buscaba salir del país porque no aguantaba la situación económica que se atraviesa y fue detenido en el intento de salir ilegalmente en una embarcación.
«Nuestros hijos están enfermos, tienen infecciones en la piel por la falta de agua y ya ellos fueron procesados. Necesitamos que abran los tribunales, así como han abierto peluquerías y restaurantes, para que se pueda celebrar la audiencia y saber qué va a pasar con nuestros hijos. Ya no aguantamos esta situación; la cuarentena se acentúa y no tenemos carro para movilizarnos a llevarles la comida y el agua todos los días. Hay algunos que caminan o van en bicicleta», dijo.
La madre hizo el llamado al Ejecutivo nacional para que abran los procesos judiciales, tan importantes para las familias de los detenidos. «Los abogados dicen que hay que esperar a que abran los tribunales penales, pero ya estamos cansados», expresó Colina.
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Greicy Reyes, madre de otro de los detenidos, dijo que han tenido que pedir cola para poder llevarles la comida todos los días. «Usamos bicicletas o caminamos hasta la policía. Queremos que hagan las preliminares, ya no aguantamos más. Es muy difícil movilizarse en esta cuarentena porque la gente no tiene gasolina y no nos queda más que caminar todos días», afirmó.
Denuncia ante defensores de derechos humanos
Un hecho significativo que tiene que ver con los detenidos en los llamados retenes preventivos es el expuesto por el consultor jurídico nacional de Redes Penitenciarias de Voluntad Popular, Harold Guerrero. Este especialista expresó que en los retenes de los órganos policiales del estado Falcón hay casos delicados que van ligados a la falta de servicio en la región, y esto se suma a las malas medidas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro, que afectan directamente a los privados de libertad.
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«Vemos la grave situación que ocurre en los retenes preventivos por las malas políticas del gobierno de Nicolás Maduro. En vez de descongestionar esos centros y acelerar los procesos, como lo establece la Constitución y algunos órganos que velan por los derechos humanos de los detenidos, ha generado estrategias en contra del debido proceso y de lo que establece la Carta Magna», argumentó Guerrero.
El consultor jurídico recordó que el gobierno de Maduro ha suspendido el debido proceso desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 e incluso se han dado prórrogas para que se suspendan las actuaciones en todos los tribunales y para realizar audiencias preliminares, de juicio y especiales.
«En reiteradas oportunidades hemos denunciado los retrasos que existen en los procesos judiciales de los centros preventivos de Falcón, principalmente en el de Polifalcón, donde hay más de 300 detenidos en una sala para menos de 70 personas», concluyó.
