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Punto Fijo.- FundaRedes denunció que al menos 60 familias que habitaban en la urbanización El Oasis del municipio Los Taques, en el estado Falcón, fueron desalojadas de sus viviendas durante la tercera semana de junio de este año por organismos del Estado sin enviar notificaciones, revocar la adjudicación y sin dejarles sacar siquiera sus objetos personales.
Omar García, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes en la región, informó que estas casas han sido adjudicadas a través de la Misión Vivienda Venezuela y son arrebatadas a sus dueños por funcionarios del Ministerio de Hábitat y Vivienda sin procedimientos legales.
Además, se hace una readjudicación de casas en el momento, pese a que las familias han vivido desde hace 15 años en el lugar y ahora son desalojadas sin argumento legal para ello, a través del uso de la fuerza pública y sin permitirles siquiera retirar sus enseres y otras propiedades. “Organismos del Estado venezolano disponen de estas casas, que fueron asignadas a personas que no poseían viviendas, y ahora a través de un procedimiento ilegal han sido desalojadas para entregarlas a otras familias", dijo García.
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Recalcó que FundaRedes desde el año 2020 ha denunciado que estos procedimientos ilegales se han realizado en medio de la crisis de pandemia, dejando a muchas familias sin hogar. “La gran mayoría de estas familias cuentan con documentos de adjudicación y sin ser revocados ni recibir notificaciones con anterioridad, los sacan de las viviendas, despojándolos incluso de sus bienes muebles". Dentro de las víctimas documentadas por los activistas se registraron personas con discapacidad y adultos mayores, quienes quedan sin un techo luego de residir allí durante años.
El representante de la ONG en Falcón dijo que la comunidad intentó evitar el procedimiento ilegal para evitar que se cometieran los desalojos; sin embargo, los funcionarios de Polifalcón los amenazaron con privarlos de la libertad. “Desde FundaRedes recordamos que en varias ocasiones se ha denunciado esta situación ante la Defensoría del Pueblo. Por ello exhortamos a los organismos competentes a que investiguen estos hechos, los cuales atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos", concluyó García.
