Por Andrea Barrios
Barquisimeto.- Miembros del Sindicato de Trabajadores Públicos del Estado Lara (Seepel) protestaron frente a las instalaciones de la gobernación de la entidad, en rechazo al Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que, en este mes de marzo, cumple un año de aplicación. Norma que se traduce en un «proceso de confiscación por la disminución de conceptos salariales», según explicó el líder sindical Robert Sánchez.
Sánchez, secretario general de Seepel, explicó a El Pitazo que la aplicación de este instructivo significó la confiscación de los recursos y beneficios económicos que le pertenecen a los trabajadores públicos tales como, las cajas de ahorro y las primas salariales, lo que sumado a las demás situaciones ha traído «hambre, muerte y miseria. El gobierno ha cometido fraude contra los trabajadores», afirmó Sánchez.
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Explicó que el Ejecutivo Nacional había dicho que iba a anclar el salario al petro, pero «no fue más que una vil mentira. Lo que realmente está anclado al petro son las multas y los tributos, mientras que el salario ha sido desconocido», destacó el vocero.
No es bloqueo, es saqueo
En cuanto a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que habla sobre las sanciones extranjeras. El líder sindical opinó: Nno es bloqueo, es saqueo«. Afirmó que la industria petrolera venezolana tiene más de 200 funcionarios del gobierno entre civiles y militares que son objeto de investigación por malversación de fondos, lo que a su consideración es «lo que realmente ha incidido en que nosotros los trabajadores no tengamos salarios decentes».
Denunciarán ante instancias internacionales
En cuanto a las próximas acciones, Sánchez destacó que de no obtener respuestas favorables, los trabajadores públicos denunciarán su situación ante jurisdicciones internacionales, «porque lamentablemente no hay estado de derecho en el país, por lo que estamos trabajando de manera conjunta para abordar la situación desde el ámbito internacional», afirmó.
El vocero resaltó que a pesar de ratificar las denuncias fuera del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, los trabajadores públicos continuarán en la calle hasta que se dicten resoluciones favorables.
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