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Punto Fijo.– La médico cirujano María Virginia Martínez, de 27 años de edad, falleció durante la madrugada de este domingo 2 de agosto en una clínica de la ciudad de Punto Fijo, debido a complicaciones respiratorias que fueron tratadas como COVID-19, según indicaron fuentes médicas del centro de salud.
Martínez se convierte en la segunda médico falconiana que fallece por problemas respiratorios asociados a COVID-19, sin embargo, el resultado de la prueba molecular (PCR) no ha llegado a la entidad.
La joven madre tenía semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de que diera a luz a su primogénita, quien permanece recluida en delicado estado de salud. Antes de su hospitalización, Martínez estaba detenida desde abril en el Destacamento 131 de la Guardia Nacional, por los procedimientos ejecutados en Falcón por autoridades castrenses y de la Unidad Regional Antidrogas, en aras de desarticular una banda dedicada al narcotráfico en la región.
Los habitantes de la población de Carirubana protagonizaron una protesta en las afueras del destacamento para exigir que le brindarán atención a la doctora y denunciaron que pese a que estaba embarazada no había sido tratada como era debido, incluso se había descompensado.
Luego de varios días en el comando de la Guardia Nacional fue sacada de emergencia a una clínica de la ciudad donde estuvo recluida hasta que le pudieron hacer la cesárea, pero aún así nunca mejoró, al contrario fue internada en la UCI por neumonía, según información extraoficial.
El caso fue movido a Caracas
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidida por el magistrado Maikel Moreno, ordenó radicar en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas la investigación del presunto tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir, ligada a la Fundación Carmen Virginia Martínez, del sector Carirubana en el estado Falcón.
La sentencia número 19-2020 declaró a lugar la solicitud de radicación propuesta por el Ministerio Público, de la causa penal cursante en el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón y en la que se investiga a los ciudadanos Emilio Enrique Martínez, Héctor Ramón Martínez, Ángel Alberto Martínez, Delso de Jesús Martínez, Beryoris Martínez Valles, Mariangela Martínez Márquez, Zaidubys Marín y Jorge Luis Martínez.
“La Sala consideró que, en aras de asegurar una correcta administración de la justicia, lo ajustado a derecho fue sustraer la causa con el propósito de resguardar la paz y seguridad de las partes involucradas, asegurando así la finalidad del proceso penal de manera equitativa y con respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", establece una nota de prensa del TSJ.
Es de recordar que desde el 15 de abril, funcionarios de la Guardia Nacional, adscritos a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas, ejecutaron más de 20 allanamientos en Falcón y Carabobo en búsqueda de conexiones y bienes de un empresario muy reconocido en la zona de Paraguaná, así como miembros de su familia, según informaron en esa fecha fuentes vinculadas con la investigación a El Pitazo.
Las acciones conjuntas de funcionarios militares responderían a la presunta vinculación con una red de narcotráfico que opera desde las costas centroccidentales venezolanas hasta las islas neerlandesas y de allí a España. El gobernador de Falcón, Víctor Clark, reveló el 22 de abril que los allanamientos fueron ordenados por Nicolás Maduro, sin embargo no aportó más detalles. “Estoy obligado a defender la identidad y decencia de mi pueblo, no podrán difamarnos, seguiremos siendo un pueblo de paz", dijo en cadena regional de radio y televisión.
