Barquisimeto.- Este 8 de octubre, 9 mujeres, entre madres, esposas y tías de los 40 detenidos en el contexto postelectoral del estado Lara, se concentraron frente a los tribunales para denunciar las “precarias e inhumanas condiciones" en las que se encuentran sus familiares en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito. Con pancartas en mano, exigieron “Libertad" para sus allegados, mientras compartían sus testimonios sobre la situación en la que viven desde que fueron trasladados el 25 de agosto.
«Nuestros hijos en la cárcel están comiendo comida con gusanos, están tomando agua contaminada (…) los están matando poco a poco (…) no son asesinos, ni matones, ni violadores, lo único que hicieron fue no estar de acuerdo con el gobierno», expresó la madre de un joven de 25 años, detenido el 6 de agosto en su casa en el oeste de Barquisimeto sin orden de aprehensión, ni de allanamiento.
Relató que fue trasladado al centro de detención de Santa Rosa, donde fue torturado: «Le metieron corriente, lo golpearon y le pusieron una bolsa en la cabeza», dijo. Además, los funcionarios le pidieron a la mujer 700 dólares para retirar los cargos en contra de su familiar, pero nunca cumplieron la promesa, cuenta.
Vigilancia extrema
Las condiciones en Tocuyito han sido descritas como «inhumanas» por los familiares. Solo se les permitió una visita el pasado 3 de octubre y dos llamadas telefónicas breves desde que fueron trasladados el 25 de agosto desde el centro de detención Pata E’ Palo en Barquisimeto. «Cuando le pregunté por la comida, solo miraba para los lados», relató la esposa de uno de los detenidos, de 31 años, quien además es el sustento de su familia y padre de tres hijos.
En la visita, que duró solo 40 minutos, las conversaciones estaban estrictamente vigiladas por al menos dos custodios. «Después de casi dos meses sin verlo, no le pude dar ni un abrazo», lamentó. Incluso, mencionó que no les permitieron pasar ni agua para sus familiares.
Desnutrición
Otra de las entrevistadas, tía de un joven de 19 años, explicó que la desnutrición es evidente entre los detenidos: “No consumen ni sal ni azúcar. Están demasiado delgados", afirmó, preocupada por el deterioro físico de su sobrino.
La visita a Tocuyito
Las mujeres denunciaron la intimidante dinámica durante la visita. «Nos dieron muchas charlas, luego nos llevaron a un cuarto donde una oficial femenina nos revisaba y los custodios vestían uniformes camuflados con el rostro cubierto, solo se les veían los ojos y no llevaban identificación, sino apodos como ‘Proctor’, ‘El Pirata’, ‘Cáncer’, ‘Libra'», narró la esposa de uno de los detenidos. «Nos pasaron a un lugar donde había una mesa de cemento y, a metro y medio de distancia, solo podíamos hablar, con las manos sobre las piernas. Me regañaron por intentar limpiarme las lágrimas», contó.
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El miedo también reina entre la propia seguridad de los familiares. «Si me hacen algo ahí adentro, ¿a quién denuncio?», preguntó retóricamente una de las esposas, visiblemente angustiada por la falta de identificación de los funcionarios y el clima de intimidación que enfrentaron.
Durante la visita del 3 de octubre, a una de las madres le dijeron que sería «la primera y última visita», lo que ha generado mayor preocupación entre las familias, que temen por la integridad física de sus seres queridos.
Proceso judicial
El proceso judicial también ha generado frustración entre las familias, ya que, aunque los detenidos superaron los 45 días que la ley establece para su audiencia preliminar, las pocas con fecha definidas fueron suspendidas el pasado 7 de octubre sin ninguna explicación.
Los casos están siendo procesados por tribunales en Caracas bajo cargos de terrorismo, y a los detenidos se les ha impuesto una defensa pública, cuyos abogados han tenido escasa comunicación con los familiares. Ninguna de las nueve mujeres presentes ha visto una prueba que relacione a sus familiares con los cargos que se les imputan.
La incertidumbre y el dolor siguen marcando la vida de estas mujeres, quienes, además de la angustia por las condiciones de los detenidos, deben hacer constantes viajes a Carabobo y a la capital venezolana en busca de respuestas, enfrentando un sistema judicial que hasta el momento solo les ha ofrecido silencio e indiferencia.
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