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Giovanny Meza, quien fue sacado de su casa la tarde del miércoles 20 de mayo, cuando funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) allanaron varias viviendas de la urbanización Sucre, donde sus residentes habían protestado dos noches seguidas por los continuos apagones, convulsionó este sábado 23 de mayo durante la audiencia en los tribunales.
Meza fue uno de los cinco detenidos el miércoles, en una operación donde los funcionarios entraron a varias casas sin orden de allanamiento. En la cuenta twitter de Movimiento Vinotinto, ONG dedicada a la lucha por los derechos humanos, se detalló que el joven sufre de esclerosis múltiple y tendría una evaluación médica forense para determinar su estado de salud.
“Se le solicitó al tribunal una medida menos gravosa y su respuesta fue enviarlo a una valoración médica. Procedimiento innecesario luego de presenciar su condición", se lee en la cuenta @movinotinto.
En la audiencia, Meza, junto con Pedro Zambrano -dirigente de La Causa R-, Aaron Atacho, Naudy Atacho y Fabricio Ojeda, fueron privados de libertad por los delitos de instigación pública, detentación de objetos incendiarios, obstaculización de vía pública y asociación para delinquir en una audiencia que había sido diferida el viernes 22 de mayo.
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Los privados de libertad fueron trasladados hacia la sede de la Faes, en el sector Santa Rosa de Barquisimeto, pero Giovanny Meza fue llevado hasta el hospital central universitario Antonio María Pineda. Allí le pidieron una placa de rayos X, que tuvo que ser realizada en una clínica privada porque no la hacen en el centro público.
El resultado arrojó cinco costillas rotas, lo que los abogados de Movimiento Vinotinto consideran como una posible tortura en contra de Meza durante su aprehensión. El detenido permanecerá hasta una nueva orden hospitalizado en el principal centro de salud de la entidad.
Protesta constitucional
Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional, recordó que la protesta es un derecho constitucional y ningún ciudadano debe ser castigado por exigir mejores en servicios públicos como electricidad, agua, gas.
“Tenemos 25 presos en Lara por protestar, es una línea política impartida por el régimen de Nicolás Maduro y Carmen Meléndez. La sentencia de hoy (sábado 23) fue la misma que tuvieron los 13 detenidos de El Tocuyo y los 7 de Carora", declaró Palacios.
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Macarena González, dirigente de Voluntad Popular en Lara, dijo que 85% de los venezolanos no tienen acceso a servicios públicos básicos de calidad, por lo que la protesta es genuina y un derecho que no puede ser arrebatado.
“El Estado debería resolver los problemas de la gente, pero no, prefiere reprimir. No hay dinero para mejorar los servicios públicos, pero sí para perseguir a quienes deciden protestar. La Faes y los jueces, como Antonio Giménez, deben recordar que existen responsabilidades individuales y que estas actuaciones son crímenes que no prescriben", detalló González.
Por su parte, Guillermo Palacios enfatizó que rechazaba estas sentencias y que desde el parlamento harán las denuncias correspondientes, tanto en los entes nacionales como internacionales.
“A Giovanny Meza lo sacaron de su casa sin el debido proceso, eso hay que investigarlo a fondo, como también lo sucedido con los detenidos en Carora, que estaban muy golpeados. La semana pasada se introdujo una denuncia en la Fiscalía Superior que vamos a complementar con estas pruebas de violaciones de derechos humanos, torturas y vejámenes", agregó el diputado de la AN.
De los 13 detenidos de El Tocuyo, seis están detenidos en el Destacamento 121 de la Guardia Nacional; y siete en la comandancia de Policía de Lara, en Barquisimeto. Los siete privados de libertad de Carora se encuentran en la sede de la Guardia Nacional de esta misma ciudad.
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