COLUMNA BLINDADA | Nuestro sistema penitenciario muestra una de las peores caras de nuestra sociedad

En América Latina la dinámica criminal tiene una arista con alto impacto de la cual se habla relativamente poco: el sistema penitenciario. Existen extensos reportajes, documentación, conocimiento público, y evidencia de que, en países como Brasil, Honduras, El Salvador, Venezuela, entre otros, las cárceles son centros de operación criminal para los grupos organizados.

Varios criminólogos como Weisburd o Abt, coinciden en que el crimen es un fenómeno relativamente concentrado y que se trata de un número relativamente bajo de personas que cometen la mayoría de los crímenes. Buena parte de esos crímenes son organizados desde espacios cerrados, donde existen personas privadas de su libertad. Si sabemos dónde está parte del problema: ¿Por qué es tan difícil atacarlo? ¿Por qué no se hace nada o lo que se hace pareciera no funcionar? ¿Qué se puede hacer?

Cárceles en Venezuela

41 cárceles, 17 anexos femeninos y 29 entidades de atención adolescentes mantienen entre 41.000 a 57.000 presos en Venezuela. Se estima que, adicionalmente, más de 5.000 personas están en calabozos de policías de manera permanente, aun cuando estas están diseñadas para ser temporales (por plazo máximo de 48 horas). Las cárceles nacionales están bajo la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Al momento de enunciar algunos problemas y características dentro del sistema penitenciario en Venezuela que inciden en materia de Seguridad Ciudadana podemos destacar:Crímenes cometidos dentro de los propios penales: Las autoridades no controlan la mayoría de los penales ni pueden garantizar la seguridad de los privados de libertad en un espacio cerrado. Prueba de ello pueden ser las masacres de Uribana, Centro Judicial de Amazonas, entre otros. Solo en el primer semestre de 2019 murieron 59 privados de libertad.

Autogobierno: Los privados de libertad son, en muchos penales, quienes gerencian su operación. Los llamados “pranes” cobran vacunas a los internos y regulan la vida que tienen estos dentro de los penales. Ellos terminan siendo la ley y salen y entran con total libertad, como demuestra el caso del pistolero de Carl Herrera. En otras palabras, en un espacio aislado y normalmente lejos de centros urbanos, líderes criminales giran instrucciones al exterior y cuentan con un pequeño ejército que los protege de amenazas internas y -por la infraestructura del penal- también de las amenazas externas. Las cárceles son para el crimen organizado lo que a la policía es una comandancia.

Complicidad entre autoridades y reos para delinquir: La ministra Iris Varela ha demostrado de manera explícita su alianza con “pranes” e incluso los ha reclutado como parte de una fuerza armada leal a su persona que opera como grupo paramilitar. Esto supone un grandísimo riesgo para cualquier esfuerzo de gobernabilidad o reforma penitenciaria en vista de que una persona cuenta con grupos dentro de penales con estructuras tipo militar y acceso a tecnologías, armamento y conexiones. El propio gobierno que debería velar por aislar a delincuentes de hacer más daño a la sociedad los protege mientras éstos realizan conductas criminales. Paradoja es una palabra que se queda corta ante esta situación.

No clasificación y organización de privados de libertad: En gestión penitenciaria, existe un consenso en que los privados de libertad deben ser clasificados y organizados según, al menos, dos criterios: estatus legal (condenados vs. procesados) y peligrosidad (se pudiese quizá medir por la severidad de la condena). En Venezuela, no existe una clasificación de los privados de libertad por lo que hace que las probabilidades de que aquellas personas sin condena firme y/o aquellos que representan baja peligrosidad o bien sean abusados y sujetos a control por parte de las estructuras criminales en los penales o que aumente significativamente la probabilidad de que, como mecanismo de supervivencia, se terminen involucrando en grupos criminales; aun cuando no es algo que hubiesen hecho en otras circunstancias. Este argumento es lo que se conoce en términos coloquiales como que “las cárceles son las universidades del crimen.” Este argumento se puede expandir a que, sin una clasificación adecuada, criminales poco conectados forman nuevos vínculos criminales que hace que salgan fortalecidos de los penales en vez de rehabilitados.

Falta de visión y acciones para la rehabilitación y reinserción: Si una persona entra en una cárcel en Venezuela, es casi seguro que no tendrá posibilidades de reintegrarse posteriormente a la sociedad, aun cuando pase poco tiempo o sus crímenes hayan sido leves. Más allá del trauma y las asociaciones que pueden ocurrir dentro de los penales, estas personas quedan con el gran estigma de los antecedentes penales, tienen un vacío importante en su carrera laboral (con lo que ello implica posteriormente a nivel de reclutamiento), no adquieren ningún tipo de capacidad o conocimiento, pierden cualquier tipo de relaciones que pudiesen ayudar a conseguir un empleo y probablemente salgan endeudados o con cargas económicas con sus familias debido a las vacunas que tienen que pagar dentro del penal. ¿Qué futuro le espera a alguien que entra en una cárcel? El castigo que se le impone como sociedad va mucho más allá de la privación de libertad; implica una marca difícil de sobreponer por el resto de la vida y hace muy posible que las personas que salen de la cárcel terminen cometiendo delitos que los lleven de vuelta.

¿Qué se puede hacer?

Países con sistemas penitenciarios complejos como El Salvador o México han logrado recientemente mejorar el orden en sus prisiones.  Ahora bien, el caso de Venezuela, por la voluntad expresa del gobierno de actuar de manera cómplice con los privados de libertad, es más compleja. Sin embargo, algunas sugerencias de políticas públicas -expuesta de manera sencilla- serían las siguientes:

1. Retomar control de manera progresiva: Al ocurrir una transición de gobierno, el manejo de centros penitenciarios será fundamental para garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, ante la compleja situación de grupos irregulares, crimen organizado, inseguridad general y debilidad institucional del país, se debe ser estratégico en que penales abordar primero y cuales después. Atención especial merece la atención a derechos humanos y un control total, incluyendo comunicaciones.
2. Organizar y planificar: Se deben clasificar y organizar a los privados de libertad y planificar la mejora continua y progresiva de sus condiciones.
3. Rehabilitar: Deben existir servicios penitenciarios y post-penitenciarios que se enfoquen en rehabilitar y reinsertar de manera efectiva a los privados de libertad de manera que su castigo sea justo eso: la privación de la libertad y no el destrozo de su vida.

Dijo Mandela que “suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. Nuestro sistema penitenciario nos muestra una de las peores caras de nuestra sociedad.