Por: Nehomaris Sucre
El deterioro de un país está intrínsecamente vinculado a cuán permisivo sea su gobierno frente a los grupos terroristas y el crimen organizado. Parece una correlación muy obvia, pero en medio de los acontecimientos políticos y problemas sociales del día a día, tienden a normalizarse hechos tan graves como la presencia de fuerzas irregulares y la flexible respuesta de las autoridades a esto.
Después de la masacre de Cararabo (Apure) en febrero de 1995, donde el ELN asesinó a 8 infantes de marina venezolanos, el Estado reforzó la presencia militar en la zona fronteriza con Colombia mediante la activación del Teatro de Operaciones Conjuntas, una medida que resultó muy eficiente para mantener alejada a la guerrilla colombiana de nuestro territorio, pero que perdió vigor después de la llegada y consolidación del chavismo en el poder.
El primer reporte oficial de presencia de campamentos guerrilleros en Venezuela lo dio en el año 2001 el general de brigada Néstor González, quien se desempeñaba como comandante del Teatro de Operaciones 2. El oficial informó que había desalojado un campamento de la FARC en la cabecera del río Atapsi (Zulia).
La situación tomó tintes más oscuros y, en 2002, iniciaron con fuerza los señalamientos de conexión entre el gobierno chavista y la guerrilla. Fueron militares del alto mando de esa época los que se pronunciaron. El general de brigada Marcos Ferreira, quien dirigía la Oficina Nacional de Identificación, afirmó que por órdenes del Ministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, se vio obligado a entregar documentos de residencia a familiares del guerrillero Rodrigo Granda.
En paralelo, el contralmirante Carlos Molina Tamayo, exdirector de Armamento de la FAN, realizó una acusación más grave asegurando que el mismo ministro, Rodríguez Chacín, le solicitó 300 fusiles FAL 7.62 para ser entregados a la guerrilla y, aunque el almirante se negó a esta solicitud, el armamento fue sustraído.
Después de esto, el alto mando fue restructurado con base a lealtades políticas y se inició el proceso de ideologización de la FAN. En adelante no hubo otro pronunciamiento de un alto mando sobre la presunta relación del gobierno con grupos irregulares.
Recientemente, el 16 de enero, el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lárez informó sobre el despliegue de la FAN en Apure para combatir a los grupos que ellos han denominado TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos).
Varios días antes del despliegue anunciado ya algunos usuarios de Twitter reportaban enfrentamientos entre fuerzas de la FARC con el ELN en distintas zonas apureñas, especialmente en la localidad de La Gabarra. En este sentido, cabe preguntarnos ¿por qué el CEOFANB no dio respuesta inmediata? ¿acaso carece de un apresto operacional óptimo para reaccionar de forma rápida o no se había enterado del asunto?
Recordemos que el año pasado el enfrentamiento entre la guerrilla y la fuerza armada dio un caótico resultado de 5.000 civiles desplazados, 16 militares fallecidos y 37 efectivos heridos. En ese momento la comandancia del CEOFANB estaba a cargo de Remigio Ceballos, actual ministro de interior. Ahora es el turno de Hernández Lárez ¿por fin serán contundentes las acciones contra los grupos irregulares?
Realmente, es dudoso que el problema se resuelva de manera definitiva, sobre todo si las soluciones vienen de la mano de Nicolás Maduro quien invitó a los guerrilleros Santrich y Márquez a Venezuela después de que estos pasaran a la clandestinidad, y a quienes, además, los consideró “líderes de paz".
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga y militar retirada.
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