El golpe de Estado militar: su legitimidad histórica y filosófica

Por Alberto Navas

Los gobiernos de Acción Democrática, después de 1958, siempre se cuidaron mucho de no celebrar demasiado el golpe del 18 de octubre de 1945. De la misma manera, el gobierno actual de Venezuela, al menos desde 2012, ha ido perdiendo progresivamente el interés por celebrar el fracasado golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Las razones han sido muchas, pero reluce entre ellas el temor a animar que posibles movimientos militares pudiesen haber insurgido también contra los antiguos actores de aquellas realidades “golpistas".  La legitimidad o ilegitimidad de tales procedimientos político-militares es relativa y variable, pues la propia Constitución de 1999 deja un espacio abierto a la posibilidad de insurgir contra un gobierno que se atreviese a violar dicha Constitución. De allí que un posible “golpe" podría ser constitucionalmente legítimo.

Sin embargo, este mecanismo de insurgencia legítima no ha funcionado efectivamente desde su aprobación, ello tanto por la mezquindad y mediocridad que caracterizó al “Carmonazo" de 2002 contra el presidente Chávez, como tampoco en el disparatado intento de golpe de 2019 que, pese a implicar a posibles altos oficiales militares y personajes civiles, no pasó de ser una amenaza incierta, con algunas ametralladoras y racimos de cambures inexplicablemente combinados.

Muy posiblemente la intención de los constituyentes de 1999 no era legitimar alguna acción golpista contra las posibles arbitrariedades del poder ejecutivo; tal vez lo que se buscaba era un efecto invertido o “Retrofético". Es decir, una profecía invertida que miraba al pasado más que al futuro, intentando justificar la legitimidad del golpe de estado del 4 de febrero de 1992, con varios años de retraso. Por más irracional que parezca este es un fenómeno político real y vigente, al manipular el pasado en el pensamiento e inclusive tratar de legislar retroactivamente y simbólicamente sobre realidades cumplidas que no pueden ser ya modificadas, pero sí adulteradas y manipuladas para sostener y defender el protagonismo histórico de los autores de tales acontecimientos, tan cuestionables desde la perspectiva de la doctrina constitucional republicana.

La actuación histórica del presidente Rafael Caldera —a través de sus discursos ante el llamado “Caracazo" de 1989, frente a los golpes de 1992, el indulto al futuro presidente Chávez y la blandura de su traspaso del poder al mismo Chávez cuando éste se juramentó de forma bastante irrespetuosa “a su manera" para asumir su primer mandato— le daban al golpismo una expectativa de “Derecho" sobre lo actuado y sobre lo que se podría actuar en el futuro. 

Esta posible legitimidad más “histórica" que jurídica es una realidad cierta y de hecho que se nos manifiesta en cada elección presidencial desde 1958 hasta nuestros días, cuando se consulta de manera privada o pública al alto mando militar si reconocen o no los resultados electorales, ello tal vez por una ingenuidad periodística que, en el fondo, manifiesta nuestro subconsciente culturalmente militarista.

No podemos seguir engañándonos, el golpe de Estado de origen militar, civil o combinado ha sido y es en nuestra realidad histórica un procedimiento del sistema político para operar cambios en los diversos niveles de la estructura de poder interna. Compañero de los procesos electorales, ambos se combinan como causa o consecuencia del otro. Son realidades funcionales que pueden generar situaciones de legitimidad histórica y jurídica renovadas, basta con dar dos ejemplos contundentes: el 19 de abril de 1810 se materializó como un golpe dado por el ayuntamiento de Caracas, universitarios, militares y clérigos, contra el Gobernador y Capitán General de Venezuela, don Vicente de Emparan, siendo el modelo inicial de toda nuestra tradición republicana que legítimamente todos reconocemos.

Segundo, el 23 de enero de 1958 las Fuerzas Armadas y sectores civiles pusieron fin, por la vía de un golpe principalmente militar, a la dictadura que una camarilla de oficiales y élites civiles mantenían desde el 24 de noviembre de 1948, generando así el escenario constitucional, democrático, representativo y alternativo que nos ha regido desde entonces, hasta el punto que le permitió al movimiento liderado por Hugo Chávez llegar al poder por la vía electoral en 1998, apenas pocos años después de sus fracasados intentos por la vía militar. En este contexto y hasta nuestros días, el llamado “Plan República" pone exageradamente en manos del poder militar el desarrollo de los procesos electorales civiles, configurándose así el maridaje definitivo de la intervención militar sobre uno de los sistemas más importantes de la vida civil republicana. 

En lo que podríamos denominar, la “Filosofía Militar" desde las guerras napoleónicas, ya fuese por acción o reacción a ese fenómeno moderno, surgió el patrón occidental de imperio militar sobre el mundo civil, peligrosamente liderado por figuras de halo cesarista. Guerra y política se combinaron peligrosamente durante todo el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, para comenzar a derrumbarse con las grandes crisis de las dos Guerras Mundiales. De este contexto político-militar napoleónico surgen las tres grandes ideas de la filosofía militar moderna que desnuda la naturaleza política del fenómeno militar.

La obra de Carl von Clausewitz (1780-1831) “Sobre la Guerra", publicada después de su muerte por su viuda, contemplaba, primeramente, que la Guerra es un hecho de violencia sobre las sociedades que puede ser llevado hasta sus últimos extremos. En segundo lugar, que la guerra no es un hecho aislado, sino la derivación de determinaciones históricas, económicas y sociales, es un fenómeno integral tan civil como militar. En tercer lugar, lo que se ha denominado como: “La Guerra no es sino la continuación de la política por otros medios" (Der Krieg ist nichts anderes als das Weitergehen Politik durch andere mitel). Clausewitz fue un prusiano que había sido militar desde los 12 años, había combatido en la guerra contra la invasión napoleónica a territorios alemanes, conoce la derrota en Jena y la victoria de Waterloo. No era ningún improvisado, por lo que llegó a ser el director de la Escuela de Guerra de Berlín, de allí la credibilidad de sus estudios.

En fin, la política y la guerra son las dos caras de un mismo fenómeno, que las culturas democráticas y republicanas tratan de mantener separadas, pero que inevitablemente siempre actúan como entidades simbióticas. Algunos políticos venezolanos se equivocan al decir que todos los “golpes" son de mala índole, inclusive los políticos que podrían estar conspirando con algunos militares en sus proyectos de poder.  Evidentemente han ocurrido golpes militares (siempre también civiles) de mala índole, como los que se dieron contra presidentes civiles electos, para ejemplo el dado contra el Dr. Vargas en 1835 o contra Rómulo Gallegos en 1948, como también tuvimos golpes que han sido legitimados por sus consecuencias progresistas y democráticas, como los ya señalados de 1945 y 1958.  

También se conocen golpes de Estado que fracasaron operativamente en la toma del poder, que aunque esgrimieron razones de rebelión por “legitimidad" trajeron consecuencias funestas para la sociedad y el sistema político, como lo fue el fracasado golpe del general Román Delgado Chalbaud en 1914 que desmontó definitivamente la oposición antigomecista por casi dos décadas. Como también los golpes operativamente fracasados de 1992, que tuvieron sus raíces en la militarización generada desde la crisis de 1989, cuyas consecuencias estamos viviendo y padeciendo en este siglo XXI. 

En suma, no hablemos de golpes buenos o malos, lo que sí hay son cambios políticos históricamente reales y posibles, independientemente de nuestras preferencias éticas y filosóficas. 

Alberto Navas Blanco es licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la UCV. [email protected]