Por: Paula Andrea Jiménez
Migración Colombia junto a la Cancillería han anunciado un “nuevo" mecanismo de regularización denominado “PEP Tutor" y que solo tendrá una vigencia de dos (02) años, a diferencia de los diez (10) que dura el actual PPT. Los detalles que hasta ahora se conocen es que el nuevo documento exigirá por los menos dos requisitos o “medios probatorios de la calidad de Representante Legal o Custodio", que a todas luces son más que regresivos:
- El acta de nacimiento venezolana debidamente apostillada para padres biológicos.
- Sentencia ejecutoriada proferida en Colombia, en el caso de representantes legales que no sean padres biológicos.
Aunque se prometió que el proyecto de decreto estará en línea desde el 19 de junio para dejar comentarios en la página web de la Cancillería de Colombia, los requisitos para esta “nueva" regularización son más preocupantes y significarán más exclusión, dados los obstáculos hartamente conocidos por el Estado colombiano (y hasta expresadas en diversas oportunidades por la Corte Constitucional) para la obtención de documentos de identidad en Venezuela y las apostillas.
En caso de superar los trámites y los pagos en el país de origen para obtener el acta de nacimiento venezolana a través del sistema SAIME, estos padres y madres deberán pagar unos US$60 por apostilla en los consulados de Venezuela en Colombia, ubicados en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla o Riohacha. Pero quienes residan lejos de estas ciudades deberán añadir costos de transporte y estadías que podrían alcanzar los US$100, según las distancias.
Desde que Colombia activó hace 3 años el Permiso por Protección Temporal #PPT, para regularizar a migrantes venezolanos, se calcula que 1,9 millones ya tienen el documento en mano. Sin embargo, según cifras oficiales, unos 486 mil aún permanecen irregulares, esto sin contar el flujo que sigue entrando a Colombia por trochas o pasos no autorizados. Hasta ahora el número de migrantes venezolanos alcanza los 2,8 millones.
Como periodista que hace seguimiento a temas de movilidad humana, en especial a la diáspora venezolana, es inevitable hacerse ciertas preguntas:
¿Por qué no abrir el mismo PPT de sus hijos a estos padres, mecanismo que es reconocido ampliamente por el sector público y privado hace 3 años? ¿Quedarán en una misma familia los padres registrados con PEP Tutor mientras los hijos tienen PPT? ¿Qué riesgos a mediano plazo podrían implicar para la unidad familiar la dualidad de permisos en un mismo núcleo?
¿Qué sucederá con los padres en situación irregular cuyos hijos nacieron en Colombia y que no son portadores del PPT? Como, por ejemplo, los niños cobijados por la medida Primero La Niñez, que otorga la nacionalidad colombiana para evitar la condición de apatridia
¿Quedarían por fuera los padres que siguen esperando por la aprobación de sus permisos de regularización o quienes hicieron el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), pero no siguieron con el proceso? Del mismo modo, se conoce de casos de familiares cuidadores de NNA migrantes con PPT (como abuelas, tíos, hermanos mayores de edad) que están irregulares, pero que son custodios de estos menores de edad sin existir una sentencia de por medio, ya bien sea porque sus padres murieron, migraron a terceros países o que incluso estén privados de libertad.
Mientras la comunidad internacional reconoce al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) como un mecanismo de avanzada en términos de acceso a derechos, el gobierno de Petro se ha empeñado en criticar su puesta en marcha, se sigue negando a la posibilidad de abrir nuevamente el registro para quienes necesiten acogerse a este mecanismo o incluso mejorarlo.
Si ha costado tanto que el sector público y privado reconozcan al PPT como un documento colombiano para el acceso a derechos ¿qué pueden esperar los portadores de este “nuevo" permiso, con nombre resucitado y obsoleto? ¿Cuánto tardarán las instituciones en entender e incorporar el nuevo PEP Tutor en las opciones de documentación para acceder a múltiples tramites? (como licencias de conducir, registros tributarios, afiliaciones a la banca, al sistema de salud, a servicios de internet y telefonía, a vivienda, etc.) ¿Cuánto será el costo del diseño y emisión o impresión con mayor periodicidad de este documento para Colombia?
Aunque debe iniciar una etapa de consulta nacional, los aportes y observaciones de la comunidad migrante venezolana en Colombia, del sector académico y de las organizaciones que hacen seguimiento y trabajan en el acceso a derechos de la diáspora venezolana serán muy necesarios.
¿Ha sopesado la actual administración la contingencia que pudiera volver a enfrentar Colombia y el resto de la región si no se produce una transición democrática en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela? Por los vientos que soplan, la política migratoria en la era Petro está más que borrosa: sigue extraviada, sin brújula.
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