Por: Nehomaris Sucre
El diputado opositor Wilmer Azuaje presentó en 2020, ante la Corte Penal Internacional (Cpi), un informe en el que denunció que seis de los fallecidos en la Operación Gedeón, llevada a cabo en mayo de ese año en las costas de Macuto y Chuao, fueron presuntamente ejecutados de manera extrajudicial. En el documento con 164 fotografías se observan indicios de lo que podrían ser tiros de contacto próximo, es decir, disparos a quemarropa.
En el mismo informe se señala que no hubo enfrentamiento armado y que las víctimas fueron torturadas antes de la ejecución. Según Azuaje algunos cuerpos presentaron hasta más de 30 heridas de bala y la lancha tenía más de 700 disparos.
Las muertes horrendas, de esas que superan los límites del asombro, y que además tienen un trasfondo político, se han convertido en el pan nuestro de cada día. En la masacre de Macuto fuerzas militares y policiales interceptaron a los miembros de la Operación Gedeón. Durante el hecho murieron al menos ocho integrantes del grupo que se había propuesto sacar a Maduro del poder.
En la operación había militares disidentes y expolicías venezolanos que incursionaron por vía marítima a bordo de lanchas. En el primer intento, seis personas trataron de ingresar por Macuto y, en el segundo intento, otras ocho buscaron introducirse a través de las costas de Chuao. Desde el principio era un plan muy osado, por no decir suicida.
Los días posteriores a la masacre estuvieron plagados de confusión. El Estado venezolano no reveló los nombres de todos los fallecidos. Los padres del capitán Robert Colina, uno de los abatidos, reclamaron que el gobierno no les permitía reconocer el cuerpo de su hijo. Así opera la “justicia" venezolana.
Un mes después de la operación, existían 78 personas detenidas por su participación en el plan, 67 procedentes de la fuerza armada, según información emitida por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo.
Las “conspiraciones"
La Ong Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela registra 24 conspiraciones que ha denunciado el Estado venezolano entre los años 2014 y 2020. En un país donde el Gobierno hace alarde de “perfecta unión cívico-militar" resulta contradictorio que existan tantas rebeliones. Sin duda, la división dentro de la fuerza armada es un hecho innegable, al menos ideológicamente no existe un pensamiento único y favorable a Maduro, como pretende hacerlo ver el chavismo.
Mientras tanto, en abril el gobierno solicitó a la Cpi aplazar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero el fiscal Karim Khan rechazó esa petición afirmando que no existe nada que justifique tal solicitud. Sin duda, muchas piezas no están a favor de Maduro en esta partida y por lo tanto seguirá buscando formas de retrasar el proceso.
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga y militar retirada.
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