Por: David Gómez Gamboa
El pasado 19 de octubre Nicolás Maduro anunció la designación de Tibisay Lucena como nueva ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, a pesar de que ella no evidencia públicamente tener autoridad ni vocación académica. Lucena fue presidenta del Consejo Nacional Electoral por más de una década; criticada por servir a las directrices del Ejecutivo como brazo ejecutor de los intereses de éste en las elecciones.
Precisamente, Lucena fue sancionada por el Gobierno estadounidense y por la Unión Europea, señalada de socavar la democracia y los derechos humanos en Venezuela, al facilitar el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y al no garantizar que el CNE fuera una institución imparcial e independiente.
La designación de Lucena representa una nueva amenaza en el marco de la política interventora contra la universidad desarrollada por el gobierno de Maduro, que en las últimas semanas ha evidenciado mucho “interés" en inmiscuirse en la Universidad Central de Venezuela (UCV) con la “supuesta" recuperación de espacios universitarios anunciada desde hace meses como fachada en medio de la mengua presupuestaria que le profiere.
Se suman las “visitas" a espacios universitarios sin la debida aprobación de sus autoridades; además la referencia pública al nombramiento de una supuesta “protectora" de la UCV, figura probada por años para asfixiar y arrebatar competencias desde Miraflores a gobernadores o autoridades críticas al gobierno.
Estas son muestra de acciones concretas (que ya no son meras intenciones) de zarpazos tras zarpazos contra la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente, como intento de imponer autoridades paralelas y de arrebatar competencias, contrario al artículo 109 constitucional y al 9 de la Ley de Universidades, y además, contraviniendo normas internacionales.
La universidad venezolana está puesta en jaque, lo cual dificulta cualquier intento de recuperar la democracia en Venezuela. Las universidades, y con ellas, los y las universitarias, enfrentan desde la década de los 2000 una política de Estado contra la libertad académica y otros derechos humanos.
La situación ha sido documentada por Aula Abierta, la FAPUV, las asociaciones profesorales, el movimiento estudiantil, los centros universitarios de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, quienes han presentado denuncias ante órganos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatorías Especiales de ONU y la CIDH, entre otros.
Entre los patrones y prácticas estatales contra la libertad académica y la autonomía, se ha denunciado la creación de un marco normativo institucional que favorece la subordinación ideológico-política de la Universidad a un pensamiento único “socialista", la creación de órganos en el marco del sistema paralelo universitario, así como la asfixia presupuestaria, la usurpación de funciones y competencias propias de las universidades mediante sentencias o actos del Poder Público.
A esa situación se le suma la inestabilidad política, económica y social de Venezuela, en el contexto de la emergencia humanitaria a consecuencia de la desinstitucionalización del Estado y la ausencia de democracia, lo que afecta a los y las universitarias que viven en extrema pobreza según estándares internacionales.
Basta decir que el profesor universitario en Venezuela de mayor rango y dedicación devenga un salario equivalente a poco más de 11 dólares por mes, lo cual en el país alcanza para comprar solo 2 pollos.
La situación se agrava con la designación de Lucena como Ministra, porque una funcionaria con su perfil amenaza con imponer elecciones universitarias reproduciendo los términos de la sentencia Nro. 0324 de la Sala Constitucional de agosto de 2019, con la cual se pretendió imponer elecciones en las universidades (empezando con la UCV).
La acción vulneraba el principio de reserva legal, usurpando las funciones del Poder Legislativo y violando el artículo 109 de la Constitución, al desvirtuar la estructura del claustro universitario, constitucional y legalmente conformado por estudiantes, profesores y egresados.
Aunque los efectos de la sentencia citada fueron suspendidos por decisión Nro. 0047 de la misma Sala, no dudamos de que las maniobras del Gobierno de Maduro apuntan en esa dirección.
Llamamos la atención de los órganos internacionales para que sigan poniendo la lupa sobre las acciones del Gobierno que buscan la intervención definitiva de las universidades en Venezuela, en perjuicio de la Universidad libre, plural y autónoma.
Ratificamos que sin universidades no es posible la democracia, la generación del conocimiento científico, del pensamiento plural y crítico.
David Gómez Gamboa | @dgomezgamboa
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
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