Por Angeyeimar Gil
El Gobierno chavista ha desarrollado una política constante de desprofesionalización en el país por la vía de mantener bajos salarios, forzar a la migración, crear carreras con exigencias diferentes y de menor calidad que las que se imparten en las principales universidades, o simplemente tratando de contar con mano de obra gratuita de las comunidades y, principalmente, de su militancia política, a través de formaciones espasmódicas sobre asuntos trascendentales. La última afrenta a la formación profesional por parte de Nicolás Maduro y su ejecutivo, ha sido contra el trabajo social.
El pasado 4 de julio, en el marco del Seminario de Familia de la Gran Misión Hogares de la Patria, la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán, contradictoriamente graduada como trabajadora social en la UCV, aseguró que presentará el Plan de Formación en Trabajos Sociales Comunitarios en Familia, para quienes deseen sumarse al abordaje de los hogares vulnerables.
Pero esta no es la primera vez. Ya en 2022 llevó adelante talleres con el mismo título, para el trabajo con la Misión Hogares de la Patria. Es una vergüenza que sea una trabajadora social ucevista quien proponga y lleve adelante un proyecto de desprofesionalización de la carrera que la formó gratuitamente en la primera universidad pública del país.
Pero aún, este proceso se lleva adelante mientras los trabajadores sociales que son formados en centros universitarios reciben salarios inhumanos. Por ejemplo, en un hospital público el salario base de los trabajadores sociales se ubica entre 286 y 429 bolívares quincenal (que equivalen a 10 y 15 dólares respectivamente), sumado a los 40 dólares de bono de alimentación y los 30 dólares de guerra económica, que son mensuales. El ingreso ronda apenas los 90 dólares al mes, pero además, bonificado. En particular, una trabajadora social con prima de antigüedad y exclusividad en su labor en el área de la salud, percibe en promedio 105 dólares. Solo una quinta parte de la canasta alimentaria familiar, según los cálculos del Cendas.
En una alcaldía de la Gran Caracas, un profesional de trabajo social percibe como sueldo base dos salarios mínimos, un bono por pandemia de unos 50 dólares (que no se paga en todas las alcaldías), cesta tickets y bono de guerra económica, sumando unos 140 dólares al mes. Pero en el ámbito privado un trabajador social puede lograr un ingreso de entre 300 dólares y 500 dólares. Y podría ser incluso el doble si el trabajo se desarrolla en organizaciones humanitarias internacionales cuyos estándares reconocen el valor de la profesión.
Un salario correspondiente con la función social de la profesión debería rondar los 1.000 dólares base, correspondiente a la canasta básica. El Gobierno nacional está negado a ofrecer a sus trabajadores un salario acorde a las necesidades reales y al aporte que pueden dar los profesionales a las soluciones más urgentes de nuestra realidad. Por esto, su último aumento solo llegó a 30 dólares. También por esto la protesta por un salario constitucional (artículo 91) sigue vigente y se mantiene en las calles.
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Esta es la razón fundamental por la que buscan desprofesionalizar al trabajo social, proponiendo talleres para que sus militantes sean quienes asuman el trabajo de profesionales. Es una vía para la semiesclavitud y/o degradación del valor de la fuerza de trabajo profesional y altamente calificada. Ese es el objetivo que subyace en esta oscura intención.
Pero el desarrollo de políticas sociales solo es posible lograrlo si media la formación profesional, criterios científicos y análisis sobre la realidad y comprensión de las causas estructurales de los problemas. Para planificar y desarrollar proyectos sociales es necesario el conocimiento y uso de estrategias, técnicas e instrumentos específicos. Todo eso requiere de actitudes y aptitudes de pensamiento crítico y toma de partido por los derechos comunes, en realidades que en su mayoría refieren una clara vulneración de derechos humanos.
El trabajo social comunitario como eje del ejercicio profesional requiere de la compresión de elementos sociales, económicos, políticos y psicológicos de la organización, trabajo colectivo y movilización de la gente en las comunidades.
Enfrentar las vulnerabilidades que sufre la mayoría de la población venezolana, supone identificar como principal responsable al Gobierno nacional. Cualquier alternativa de solución de esas problemáticas pasa por exigir al Gobierno una inversión necesaria en recursos humanos, materiales e infraestructura, lo básico de una política social. Esto puede ser lo que lleva a la ministra de la Mujer y a Nicolás Maduro a pensar en el uso de las comunidades para trabajar de manera gratuita o a costos irrisorios, en vez de pagar a los trabajadores sociales que se han formado en las principales universidades del país. Hacen «ahorro» en el gasto social y además evitan la confrontación y el señalamiento a sus responsabilidades sobre la miseria que viven los venezolanos. Ocultan las realidades y siguen utilizando los programas y atenciones a la comunidad como mecanismos de control social.
El trabajo social no es caridad, filantropía o voluntariado. Tampoco es algo que pueda enseñarse en un taller o diplomado. Esta profesión requiere de procesos de reflexión, deconstrucción y construcción de conocimiento, y principalmente los relacionados con las causas estructurales de las condiciones de existencia de la población.
El gremio profesional de trabajadores sociales debe organizarse y denunciar estos intentos de desprofesionalizar la carrera. Ya se ha publicado un pronunciamiento que busca la adherencia de estudiantes, egresados y docentes de trabajo social a nivel nacional. La invitación es a su lectura y firma virtual para darle fuerza a la denuncia pública sobre esta intención inaceptable. Un objetivo fundamental es lograr que las comunidades comprendan el objetivo del Gobierno con esta propuesta.
Link para leer y firmar el pronunciamiento: https://forms.gle/wiEvdedUjN5fVSaq6
ANGEYEIMAR GIL | @angeyeimar_gil
Docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCV. Trabaja como investigadora en la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna)
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