En el primer informe de la ONU, presentado en 2020, la organización precisó que las autoridades venezolanas tenían conocimiento de los delitos de lesa humanidad y no los evitaron. En el informe expuesto en 2021, indicó que el poder judicial permitía las detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos. En esta ocasión sostiene que los crímenes fueron orquestados por el gobierno para frenar a la oposición.
Por: Nehomaris Sucre
No quedó en el olvido. No hay silencio que borre los daños. No existe una campaña que desaparezca de nuestras memorias tanto sufrimiento, pues la represión y la tortura nos marcaron irremediablemente. En esta oportunidad la Organización de Naciones Unidas (Onu) ha vuelto a poner el tema sobre el tapete acusando a Nicolás Maduro y a otras autoridades de crímenes de lesa humanidad ¿qué implica esto?, en las próximas líneas lo conversaremos.
Señala la Onu que: “Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar, y sofocar a la oposición".
La misión registró 122 casos de víctimas de tortura, violencia sexual y otros malos tratos en las sedes de los organismos de inteligencia Dgcim y Sebin. A pesar de que los casos documentados datan en su mayoría de los años 2017, 2018 y 2019, de acuerdo con la misión en la actualidad se mantienen estas prácticas.
Acusaciones en aumento
En el primer informe, presentado en 2020, la organización precisó que las autoridades venezolanas tenían conocimiento de los delitos de lesa humanidad y no los evitaron.
En el informe expuesto en 2021, indicó que el poder judicial permitía las detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.
En esta ocasión ha sido más fuerte su postura, ya que sostiene que los crímenes fueron orquestados por el gobierno para frenar a la oposición.
Las tácticas del gobierno
Después de que la Corte Penal Internacional (Cpi) abriera en noviembre del año pasado la fase de investigación formal sobre las acusaciones de delitos de lesa humanidad, proceso que ha ido en paralelo a las investigaciones de la misión de la Onu, el gobierno implementó tácticas para “lavar" su imagen y generar la impresión de que puede solucionar por sí mismo el problema:
- Se iniciaron procesos judiciales contra presuntos implicados, sin embargo, entre los acusados no hay funcionarios de alto rango.
Por ejemplo, en el caso del asesinato de Juan Pablo Pernalete ocurrido durante las protestas de 2017, se imputaron a 13 guardias nacionales (ninguno de alto grado) y el Estado presentó cargos por homicidio involuntario solo contra 2 de estos efectivos.
Entre la lista de investigados por el caso Pernalete no figura el mayor general Antonio Benavides Torres, quien entonces era comandante general de la Guardia Nacional.
Bajo el comando de Benavides ocurrió la represión perpetrada por guardias nacionales en 2017. Lejos de abrir un proceso judicial contra él, tres meses después de la muerte de Pernalete, Nicolás Maduro lo condecoró con la Cruz de la Guardia de Honor Presidencial y ahora ocupa el cargo de diputado por el Psuv.
2. “Limpiar" la imagen de la Fuerza Armada y de algunos funcionarios en específico.
Las redes sociales, particularmente Twitter, así como los motores de búsqueda de internet, están llenos de información sobre supuestos operativos contra los denominados Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia). Las informaciones no suelen incluir coordenadas exactas ni la identidad de los delincuentes, por lo que no sabemos cuán fidedignas son, pero sin duda buscan mejorar la apreciación de los ciudadanos respecto a la Fuerza Armada.
En el caso del funcionario de inteligencia Alexander Granko Arteaga, señalado en el informe de la Onu por violación de derechos humanos, podemos encontrar en internet noticias de fuentes desconocidas en las que se describe cómo el militar que ha apoyado al deporte inaugurando una escuela de surf en Carabobo, lo que probablemente es un intento para mejorar su imagen pública.
Granko fue jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (Dae), una suerte de grupo de choque que no se encuentra formalmente dentro del organigrama de la Dgcim. En este nuevo informe algunos de los entrevistados por la misión independiente aseguraron que el coronel recibe ordenes directas de Nicolás Maduro.
La Onu determinó que durante el período en el que Alexander Granko dirigió la Dae, al menos 52 personas sufrieron tortura y otros tratos crueles. Sumado a esto, la misión recibió pruebas de que el militar ordenó, supervisó y participó de manera directa en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y torturas, incluyendo violencia sexual y otros tratos inhumanos.
A pesar de todas las acusaciones que yacen sobre Granko Arteaga, no solo en documentos de organismos internacionales sino también en tribunales venezolanos, el militar fue ascendido este año, pues sin duda es personal de confianza de Maduro. Así el gobierno premia lealtades.
Lo cierto es que el nuevo informe de la Onu es un valioso insumo para la investigación que adelanta la fiscalía de la Cpi, sobre todo en lo que respecta a las cadenas de mando.
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga y militar retirada.
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