Cualquier propuesta de cambio debe estar, primero, sustentada en una nueva democracia basada en la participación real de la gente. Que respete las libertades, que garantice la realización de los DD. HH. Debe también construirse una nueva economía; una para el desarrollo. El centro debe ser un plan de desarrollo industrial y agrícola diversificado, que siente las bases de una revolución industrial como vía para conquistar la autonomía y soberanía nacional, productiva y agroalimentaria.
Por: Jesús Hermoso Fernández
El país ha sido destruido. Luego de 24 años de devastación industrial, el resultado es abrumador. Más allá del arrase del parque industrial y la terrible caída del PIB, producto de una política liberal importadora que el régimen chavista estableció desde su inicio, la ruina de la producción nacional trajo como consecuencia la ruina del sentido nacional y hasta de pertenencia, que hoy tiene efectos incluso en la venezolanidad, en la degradada ética que impera hoy.
La caída de nuestra capacidad productiva es de tal magnitud, que se estima que solo entre 2013 y 2021 la disminución del PIB ronda el 75%. Es el resultado de una política cuyo origen está en la economía de puertos, desarrollada previamente por el chavismo entre 2000 y 2013, en detrimento de la producción nacional.
Hoy, el resultado es el desplazamiento de más de 7 millones de venezolanos en la región americana, que se estima llegue en 2025 a los 8,4 millones de mantenerse el ritmo actual. Esta masa laboral, en general de alta cualificación profesional, además de estar en la mejor edad productiva de acuerdo a informes de Acnur y el FMI, puede repercutir en un crecimiento del PIB de los países receptores de hasta 4,5%. Es decir, es la irreparable pérdida de una fuerza laboral la que nos obliga a pensar en un cambio urgente, particularmente en el área productiva local.
¿Qué economía?
La crisis, en todos los órdenes, obliga a producir un proyecto de reconstrucción nacional que refleje una perspectiva de superación, de cambio positivo que, reconociendo los problemas estructurales, afiance y realice los derechos de la ciudadanía. Pero esta particularidad sobre los derechos de la población, priva sobre el resto de la política económica.
Por tanto, cualquier propuesta de cambio debe estar, primero, sustentada en una nueva democracia basada en la participación real de la gente. Una nueva democracia que respete las libertades, que garantice la realización de los DD. HH. sin distingo y en la que los poderes públicos hagan valer sus competencias y su autonomía, inspiradas en las ideas de justicia e igualdad.
Con base en lo anterior, debe construirse una nueva economía. Una para el desarrollo. El centro debe ser un plan de desarrollo industrial y agrícola diversificado, que siente las bases para alcanzar una revolución industrial como vía para conquistar la autonomía y soberanía nacional, productiva y agroalimentaria.
No se trata de inversión extranjera sino de inversión productiva. Que respetando las distintas formas de propiedad, surja una nueva economía que brinde las mejores condiciones para la producción local, bajo la promoción de un sistema de crédito dirigido preferencialmente a la inversión productiva y no al comercio y la importación.
Además, la importación de bienes debe estar dirigida principalmente a la adquisición de medios de producción que permitan el despegue de una nueva economía, productiva y soberana, mientras que la de bienes finales sustituibles sea reducidas hasta lo imprescindible, en la medida en que se vaya alcanzando la producción soberana y nacional.
Pero lo anterior requiere también de una nueva cultura económica, que permita que el venezolano aprecie la producción nacional. Hecho en Venezuela es la consigna. La producción criolla, por tanto, debe ser competitiva en calidad y precio.
¿Es necesario reducir el gasto social para ello? No. El presupuesto puede alcanzar el equilibrio con base en el crecimiento de la recaudación de Impuesto Sobre la Renta, buscando disminuir la presión tributaria sobre la población. Esto puede permitir un aumento de la recaudación y en la capacidad de demanda social.
El freno a la inflación debe sustentarse en una política de precios con base en la productividad y la producción nacional y no en la imposición discrecional de precios o de financiación artificial de un precio bajo del dólar.
Así, logrando un equilibrio fiscal basado en la recaudación a partir de la elevación de la producción y el gasto social de manera creciente, es que se puede garantizar la cobertura de los servicios, satisfaciendo la demanda en cantidad y calidad. Más calidad en Educación, Salud y Vivienda, principalmente, sin descuidar otras áreas.
Para todo ello, la política bancaria debe ser ajustada . El sistema en su conjunto debe cumplir su papel de intermediador y catalizador del ahorro social hacia la inversión productiva, a tasas bajas y en correspondencia con la demanda de recursos.
Además, la política internacional para la reconstrucción del país debe revisar todos los acuerdos alcanzados que atentan contra la producción nacional. La protección para el desarrollo y la relación con otros países con base en el beneficio mutuo, debe ser una guía en una nueva economía.
Por tanto, el petróleo y la minería pueden ser palanca para el desarrollo diversificado, si la renta es canalizada principalmente hacia la inversión productiva. Pero la industria petrolera debe diversificarse. Debe procurar sustituir bienes importados en el sector de derivados, sobre todo de los vinculados a la industria. La elevación de la producción petrolera debe estar sujeta al comportamiento de la relación oferta y demanda en el mercado internacional y el comportamiento del crecimiento de la economía mundial.
¿Qué liderazgo?
Una política económica de este tipo es la única que puede garantizar el carácter popular de un nuevo orden político y económico. La garantía para la realización de los principales derechos ciudadanos como la Salud, Educación, Vivienda, Transporte, entre otros, se sustenta inevitablemente en el desarrollo de la economía, que conduzca a mayores niveles salariales y de bienestar y ascenso social.
Una política de empleo para el desarrollo diversificado del aparato productivo, que además apuntale la elevación del empleo público en las instancias del Estado garantes de derechos fundamentales del ciudadano y no en la burocracia militarizada ni el clientelismo, hará que las dimensiones del Estado sean acordes con el desarrollo de las fuerzas productivas y sus demandas de una población educada, saludable y con buenos servicios públicos.
Pero esto será factible solo con la participación de la gente y con un liderazgo político que sea fiel a la ética del intereses popular y nacional. Una ética basada en la eficacia gubernamental y la eficiencia basada en el servicio público y el bien común. Que extirpe la corrupción y haga eficaz la inversión pública para satisfacer las demandas sociales y elevar la producción nacional.
Sin estas premisas, difícilmente lo que se haga en el país tendrá como resultado el cambio y el retorno de nuestros compatriotas, para que Venezuela sea una nación de progreso y bienestar. Hagámoslo posible.
JESÚS HERMOSO FERNÁNDEZ| @Jesus_Hermoso
Periodista de investigación. Editor. Escritor
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