Por: Freddy Bogady
En Venezuela, los derechos humanos son tutelados y “garantizados" por el Estado, que también se ha dedicado a violarlos. Carúpano es la capital del municipio Bermúdez, estado Sucre. Es una ciudad portuaria, cuyas fiestas de Carnavales son referencia. Su gente es cordial, de hablar rapidito, de invocar el «¡a dío!» en su conversa y de un talante pacífico. Los carupaneros son alegres y se sienten orgulloso de sus costumbres y tradiciones; de sus patrimonios culturales como los cantautores Luis Mariano Rivera y Rafael Montaño. Carúpano es una ciudad de gente que trabaja, que comparte y celebra.
Por todo eso, los carupaneros acostumbran a visitar los sitios de recreación privados, a pesar del agobio que vive el municipio debido a las tantas carencias que padecen. Es así como el jueves 7 de abril de este año 2022, aproximadamente a las 8:30 de la noche, un joven de apenas 22 años llamado Daniel Lezama, es asesinado.
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Sin antecedentes policiales ni penales, el joven ingresó a un restaurante de ambiente familiar ubicado en el sector Tío Pedro, de la cuidad de Carúpano. Tranquilo y distraído, con su teléfono celular en sus manos, se sienta en una mesa y se mete la mano en un bolsillo lateral de su pantalón donde portaba su chequera y documentación personal. Fatídicamente, muy cerca de su mesa, seis hombres, vestidos de ropa común, al ver el movimiento, en forma apresurada e intempestiva se pusieron en pie, desenfundaron sus armas de fuego y uno de ellos disparó contra el joven. Lo hizo de muy cerca y sin considerar que ponía en peligro la vida de otras personas que estaban en el lugar.
Muy pronto se conoció que los involucrados de tan detestable hecho son funcionarios policiales del Estado venezolano, integrantes del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalística, CICPC, adscritos a la delegación del estado Nueva Esparta. La mano avara del Caín, que sin ningún remordimiento segó la vida de su hermano venezolano indefenso; quienes, precisamente, por mandato constitucional están encomendados en el sagrado deber patrio de velar y garantizar los derechos humanos; de mantener el orden público y restituirlo.
Estamos frente a un hecho alevoso, con ventaja, con medios fútiles e innobles y porte ilícito de armas de fuego, agavillamiento, y hasta con la concurrencia del delito de simulación de hecho punible con ardid y artimaña, y sin embargo, trataron de inventar un enfrentamiento para justificar la acción y evadir el castigo de ley que, de conformidad con lo establecido en él Código Penal nuestro, se tipifica como un homicidio calificado, castigado con pena de prisión en su límite máximo.
Venezuela necesita que, de manera urgente, la Fiscalía general de la República, como garante del cumplimiento de las leyes, representante de la vindicta pública y garante de los derechos humanos, interponga sus buenos oficios para que se reestructure y se implementen normas que regulen, de manera efectiva, la formación e ingreso de funcionarios policiales a la institución.
No es un secreto para los carupaneros, el Estado sucre y Venezuela, la falta de probidad de algunos funcionarios policiales qué, lejos de cumplir con su deber, aprovechan su condición para causar gravámenes irreparables a los ciudadanos, incriminándoles en delitos, sembrando armas, sustancias prohibidas y, entre otras cosas, extorsionando y ajusticiando.
En buen derecho, es oportuno y sano para el país que se le ponga un remedio que ataje incriminaciones dolosas, toda vez que es muy importante en el proceso penal el acta de policial que apertura el organismo en la presunta comisión de un hecho punible, pues la representación fiscal se apoya en dicha actuación y, en ocasiones, el imputado con una actuación fraudulenta, para evitar procesos largos, admite hechos siendo inocente.
Exigimos a la Fiscalía general de la República una responsable investigación en torno a la circunstancias que rodean la lamentable muerte de nuestro joven Daniel Lezama, y se le informe al país, bajo qué circunstancia esos funcionarios del CICPC, adscritos a la delegación del estado Nueva Esparta, se encontraban en la jurisdicción del municipio Bermúdez, sin uniformes, sin identificación institucional visible y portando armas de fuego en un restaurante que de conformidad con la Ley no puede persona alguna ingresar armado.
Nos preguntamos los carupaneros ¿será que esos funcionarios vinieron a Carúpano a ventilar intereses personales oscuros y, en su nerviosismo, desenfundaron las armas de fuego que portaban? Los carupaneros rogamos a Dios, en nombre de la justicia divina, y de la justicia administrada por el Estado venezolano para que se castigue con todo el rigor de la Ley a los funcionarios policiales involucrados en el asesinato de Daniel Lezama, así como también a cualquiera otros funcionarios policiales infractores.
Freddy Bogady Flores | Abogada güireña | Facebook: Freddy Bogady Flores
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