Por: Nehomaris Sucre
El capitán de navío Luis de la Sotta fue aislado, le restringieron los alimentos y el aseo personal, lo golpearon con palos de madera, lo asfixiaron con una bolsa plástica, le aplicaron electrocución y le esparcieron sustancias lacrimógenas en los ojos. Desde hace casi cuatro años permanece detenido, acusado de rebelión y traición a la patria. Si consideramos la reforma del Código Orgánico Penal venezolano, “después de los tres años sin juicio, debe aplicarse el decaimiento de la medida de privación de libertad", pero el juez ha rechazado esa solicitud. Su caso es el número 13 en el informe de la Misión Independiente de la Onu.
Al sargento Luis Bandres, detenido en 2019 por el alzamiento de Cotiza, lo obligaron a comer sus propias heces fecales, intentaron abusarlo sexualmente con un palo de pico, lo asfixiaron con una bolsa, le aplicaron electricidad en varias partes de su cuerpo, incluyendo los testículos. Su caso es el número 16 en el informe de la Misión Independiente de la Onu.
El teniente coronel Igbert Marín Chaparro también vive los agravios del sistema de justicia militar venezolano. El ex comandante del Batallón Ayala fue condenado a siete años de cárcel sin que existieran pruebas de los cargos que le imputaron: instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. Bastó el testimonio de una persona para que el juez lo declarara culpable. Durante sus cuatro años en prisión ha denunciado ser víctima de golpizas, aislamiento y violencia psicológica.
La represión en cifras
El 57,2 % de las personas detenidas por motivos políticos en el país son militares, así lo reporta la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Sumado a esto, la organización señala que, desde 2017 hasta la actualidad, más de 500 funcionarios de la Fuerza Armada han estado tras las rejas por razones políticas.
El informe de la Ong describe el panorama de la justicia militar venezolana en el último semestre de 2021 y contabiliza 194 miembros de la Fanb detenidos. Además, al menos 95 % de las detenciones, tanto de civiles como de militares, se repiten los mismos cargos: traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión.
Otro dato que resulta interesante es el número de conspiraciones que según el régimen de Nicolás Maduro ocurrieron entre 2014 y 2020. En ese período se registraron 24 supuestos intentos de golpe de Estado, conspiraciones entre militares y civiles, intentos de magnicidio, sabotajes y actos terroristas en contra de la seguridad del país, tal como lo presenta el informe de la Ong Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela.
Después de que la Corte Penal Internacional decidiera investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, el gobierno ha buscado limpiar su imagen, sin embargo, las medidas han sido poco significativas pues no abarcan la liberación de los presos políticos ni se ha aplicado justicia sobre la cadena de mando culpable de estos crímenes.
Los voceros del Estado-Psuv mantienen el discurso de supuestas mejoras económicas y sociales en Venezuela, aunque aún no responden por la falta de justicia y atropellos a los derechos humanos de la población ¿acaso puede haber progreso sin respeto a la dignidad humana?
Mientras una ola de conciertos musicales llega a Venezuela, mostrando el rostro de una aparente normalidad, cientos de presos políticos no pueden siquiera escuchar las voces de sus hijos, madres y esposas. Así de frágil es el discurso de “Venezuela se arregló" promovido por el gobierno.
En tanto, queda no olvidar, no desprendernos de nuestra humanidad, no dejar de lado a las personas que permanecen injustamente privadas de su libertad y sometidas a tratos crueles.
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga y militar retirada.
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