Barcelona.- Al menos tres víctimas ha dejado como resultado la compra y venta irregular de chatarra, en menos de un mes, en el estado Anzoátegui. Así lo denunció el defensor de los Derechos Humanos en Anzoátegui, José Santoyo, quien resaltó que a los agraviados, por grupos delictivos organizados, les adeudan miles de dólares y aún no les han concretado los primeros pagos acordados.
El defensor de los Derechos Humanos en la entidad, detalló al equipo de El Pitazo, que una de las víctimas denunció la existencia de dos empresarios en la zona que ofrecieron cuarenta mil dólares por la compra de 200 toneladas de hierro pesado correspondientes a una maquinaria pesada de su propiedad, la cual deshuesaron, se la llevaron y luego desaparecieron.
“Estas víctimas estaban vendiendo cuatro maquinarias pesadas activas y con sus documentos en regla, pero como estaba dura la venta y necesitaban el dinero la ofrecieron como chatarra, luego aparecieron estos sujetos a quienes vendieron los equipos valorados en cuarenta mil dólares y tras llevarse las piezas, desaparecieron", contó Duarte.
Santoyo aseguró que la denuncia fue efectuada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la entidad y ante el Ministerio Público, pero según explica una de las víctimas, mientras formalizaban la acusación pudieron conocer a otros dos agraviados por el mismo grupo hamponil.
“El gobierno autorizó sólo a tres empresas que operan en Anzoátegui para tramitar las guías y legalizar el traslado de hierro pesado y liviano en la entidad, pero estas empresas a su vez subcontratan a los llamados chatarreros, quienes se han dedicado a captar a personas con este material, ofrecerles altas sumas de dinero y luego de tener el hierro en su poder, desaparecen. La legalidad del material nunca es verificada por los representantes de estas empresas", reveló el jurista.
El defensor de los Derechos Humanos resaltó que éstas tres empresas autorizadas por el gobierno central son las encargadas de tramitar la guía para el traslado y venta legal de la chatarra, sin embargo, aseguró que la carga nunca es verificada por los representantes de dichas firmas comerciales.
Resaltó que de la misma forma han disfrazado el desmantelamiento de algunas empresas mixtas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) e infraestructuras y obras municipales, regionales y estatales que están en abandono. “Todo ocurre ante la mirada silente de las autoridades y amparados en la legalidad que les ha otorgado el gobierno nacional".
Santoyo pidió al Fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, pronunciarse por estos hechos delictivos, adicional al incremento de la prostitución infantil que asegura se ha registrado en las adyacencias del Puerto de Guanta, y a la comercialización de chatarra provenientes del delito.
“Los mismos vecinos del sector han sido testigos del incremento de la prostitución infantil en los alrededores del Puerto de Guanta, donde además han acabado con la tranquilidad de los lugareños al poner música a alto volumen, ingerir bebidas alcohólicas a altas horas de la noche y madrugada y ser los principales protagonistas del mal estado en el que se encuentran las arterias viales de la jurisdicción portuaria".
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