Maturín.- El juicio contra los ocho detenidos por el supuesto plan contra el dirigente oficialista Diosdado Cabello lleva 11 audiencias en el palacio de justicia de Monagas. Familiares denunciaron que todas han transcurrido entre diferimientos y sin que el Ministerio Público presente pruebas.
Este 23 de noviembre, familiares de los detenidos explicaron a El Pitazo que en estas 11 audiencias el Ministerio Público no ha presentado expertos y testigos que confirmen la existencia de supuestas pruebas en contra de los detenidos. Denuncian que con esto y con la ausencia de unidades para realizar los traslados se retrasa el proceso.
Los allegados indicaron que la audiencia del 18 de noviembre fue diferida porque las unidades de Transmonagas fueron supuestamente utilizadas en el cierre de la campaña electoral de los candidatos oficialistas en Maturín. Esa debió realizarse este 23 de noviembre, pero tampoco se celebró porque la misma empresa gubernamental alegó que las unidades estaban dañadas.
En el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como cárcel de La Pica en Maturín, no hay transporte para los traslados hasta el palacio de justicia y por ello, los presos tienen que esperar que Transmonagas tenga unidades disponibles para llevarlos. La fuente aseguró que han planteado la posibilidad de alquilar una vans para el traslado, pero la directiva del penal se niega porque no son de uso oficial.
A esto, los familiares agregaron que el juicio también se retrasa porque asegura que los jueces no emiten con tiempo las boletas de traslado. Cuando esto ocurre, los abogados deben solicitarlas personalmente al juez para que estos a su vez las entreguen vía WhatsApp.
Por el supuesto plan para detener y entregar a Cabello a las autoridades estadounidenses están detenidos: César Belfort, Luis Villarroel, Francisco Marcano, Daniel Aguilera, Víctor Farías, Enrique Parada, Carlos Pérez y José Ramón Cruz Marcano; Gabriel Medina murió en prisión por una supuesta afección respiratoria.
El grupo fue aprehendido por distintas comisiones del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) entre marzo y mayo de 2020. El pasado 16 de agosto fue celebrada la apertura del juicio y en esta, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal ratificó los delitos que imputó el Ministerio Público: traición a la patria, asociación para delinquir, tráfico de armas y munición, así como conformación de grupos armados.
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