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Maturín.- Más supermercados cerrados. Esta es la advertencia que hicieron los voceros de los trabajadores de cuatro de los cinco comercios cerrados el fin de semana en Maturín por la Alcaldía tras el incumplimiento en los pagos de la Ordenanza de Actividades Económicas. El grupo de empleados tomó la Gobernación de Monagas para pedirle a la gobernadora, Yelitze Santaella, que sirva de mediadora en lo que consideran es un conflicto laboral.
Mayorlin Rodríguez es una de las voceras de los trabajadores y una de las afectadas por el cierre indefinido de los locales en el Mercado Viejo, donde, al igual que en el centro y en el Mercado de Los Bloques, se concentra gran parte de la actividad económica de Maturín.
Son 200 personas las que se quedaron sin un sueldo y las que, al mismo tiempo, temen perder su trabajo en diciembre. Este 18 de noviembre, Rodríguez dijo a los medios de comunicación que no hay forma de que la Alcaldía reconsidere la medida que ejecutó.
«Nosotros estamos exigiendo que se respete nuestro derecho al trabajo, y en virtud de eso acudimos hasta la Dirección de Hacienda Municipal para que nos recibieran un acuerdo de pago de los impuestos y las multas, pero los funcionarios se negaron a recibirnos el documento», explicó Rodríguez, quien rechazó la negativa de la Municipalidad a recibir los pagos de forma fraccionada.
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La vocera refirió que los empresarios están dispuestos a pagar, pero no todo de contado porque las sumas son milmillonarias y no disponen de esas cifras. El lunes 16 de noviembre un empresario que domina el tema, pero que prefirió mantener el anonimato por tener presión política, dijo que la suma de las deudas de esos cuatro negocios asciende a 20.000 dólares, un promedio de 4.000 dólares por cada uno.
«Ese es el promedio, pero si vamos a lo profundo nos encontramos que uno de esos negocios debe pagar 7.000 millones de bolívares. Son montos elevadísimos y que son calculados no sobre la base de una auditoría, sino de acuerdo con lo que arroja un estado de cuenta, y ese no es el deber ser», declaró el empresario este miércoles 18 a El Pitazo.
La fuente precisó que para vencer los obstáculos de operatividad, los empresarios se prestan entre sí los puntos bancarios o los alquilan. Pero esta práctica eleva los estados de cuenta a fin de mes. Entonces, «lo que está haciendo la Alcaldía de Maturín es dejarse llevar por lo que el empresario tiene en sus cuentas y no por lo que realmente venden y por lo que deben pagar de impuestos. Aquí ocurren muchas irregularidades que deben ser investigadas», solicitó.
Estas irregularidades son manejadas por los empleados. Mayorlin Rodríguez mencionó que ante esto también decidieron ir hasta la Defensoría del Pueblo, pero como tampoco tuvieron una respuesta satisfactoria, decidieron ir hasta la Gobernación para plantear el caso, pero tampoco fueron escuchados.
