Por Jefferson Civira | El Pitazo – Monagas
Maturín.- Ante los tribunales del estado Monagas, un grupo trabajadores del poder judicial protestaron la mañana de este viernes para exigir respeto a la Constitución y a las leyes, así como independencia del sistema de justicia, ya que aseguran que el régimen legal en el país se encuentra viciado y parcializado a favor del gobierno de Maduro.
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Leana Gómez, abogado en ejercicio en Maturín manifestó que en el estado no puede haber jueces complacientes con el gobierno, algunos cobran comisiones en dólares para archivar expedientes, trancar juicios y agregó que el Tribunal Supremo de Justicia es el bufete de Nicolás Maduro y como profesional se siente atada de manos al no poder ejercer libremente su carrera.
No obstante, el abogado Asdrúbal Mundaraín, afirmó que en la entidad monaguense existe un alto nivel de injusticia, pues no se cumplen las leyes y mucho menos la Carta Magna.
“Existe una mal proporción distribuida de la conformación del poder judicial, que hoy está completamente en detrimento porque el sueldo que devengan los trabajadores tribunalicios es absolutamente paupérrimo que no le garantiza ni una cuarta parte de la canasta básica y lo que queremos es luchar para que la justicia sea eso, justicia y un poder independiente", precisó.
Mundaraín indicó que en el estado Monagas, entre mil 500 y dos mil trabajadores judiciales se ven afectados por los bajos salarios que perciben, pues no le permiten adquirir medianamente a los alimentos que a su juicio se encuentran sumidos a condiciones de vida “miserables" por el embate de la carestía en los productos.
Por su parte, Roberto González, representante del poder judicial en el estado por la parte penal, abogado litigante privado y como tal se ha visto afectado porque desde hace dos meses y medio, el servidor del Palacio de Justicia se dañó y aun no han tenido respuesta por parte de la presidente del organismo sobre qué ha ocurrido con el sistema.
“A veces vamos a buscar una causa en el archivo central del Palacio de Justicia y esos documentos se desaparecen y nosotros no tenemos un funcionario de alguacilado para nosotros plantearles la necesidad de verificar ese archivo y qué es lo que hay en la causa. Esos imputados que están privados de libertad tanto en las instituciones públicas del estado como en la policía municipal, estadal, Cicpc, el Sebin o la Guardia Nacional, no nos permiten el acceso a hablar con nuestro representado", expresó González.
Agregó que en el caso de la policía científica, los funcionarios le indican que en la sede no tienen las condiciones como atender a un abogado para que éste hable con su representado, por lo que se estaría violando los derechos y garantías constitucionales de esa persona privada de libertad al debido proceso, así como el artículo 44 de la Constitución y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. “Estas violaciones flagrantes a las leyes es lo que nosotros estamos reclamando", puntualizó.
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