Caracas.- Un conjunto de 93 organizaciones no gubernamentales venezolanas (ONG) solicitaron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que intervenga ante el gobierno de Nicolás Maduro, dada su influencia, por la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG.
Mediante una carta abierta dirigida a Petro, las ONG venezolanas advierten que la aprobación definitiva de la propuesta de ley aumentará las solicitudes de asilo político y refugio en Colombia.
«Esta iniciativa legal significará la suspensión del derecho de libre asociación y reunión en Venezuela, cuyos principales afectados serán las personas que reciben gratuitamente la asistencia y acompañamiento en la defensa de sus derechos vulnerados, así como ayuda humanitaria en todo el país (…) la ilegalización de las organizaciones, por otra parte, obligará a sus integrantes a salir de manera forzada del país como ha sucedido recientemente en Nicaragua. Además, sus centenares de beneficiarios dejarán de contar con el apoyo humanitario que han venido recibiendo», resaltan las ONG.
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La carta abierta de las organizaciones venezolanas advierte sobre el debilitamiento irreversible de la democracia, de aprobarse la ley que evalúa la Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría oficialista.
En ese contexto, las ONG solicitan a Petro que interceda para que se desestime la propuesta legal, presentada por el diputado oficialista Diosdado Cabello, quien calificó de fachadas del imperialismo a un conjunto de ONG venezolanas.
«Su Gobierno es heredero de la movilización y organización de miles de colombianos y colombianas que desean dejar atrás el conflicto y construir un país de oportunidades y derechos sin discriminación de ningún tipo. Esos mismos principios son los que deseamos para nuestro país y que motivan el trabajo cotidiano de las organizaciones, iniciativas y activistas», añaden las ONG en el comunicado.
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El conjunto de ONG solicita que se respeten los límites de los Estados en tratados internacionales de derechos humanos para establecer normas que afecten el derecho a la libre asociación y los estándares de un entorno seguro del espacio cívico.
El coordinador de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, una de las organizaciones firmantes de la carta abierta, resaltó que la propuesta de ley añade un elemento de conflictividad política en el país.
«Le hemos remitido una carta abierta al presidente colombiano Gustavo Petro. En esa comunicación lo alertamos de las consecuencias que podría tener la aprobación de esta ley, que va a ser restrictiva para los derechos de libertad de asociación y reunión, y además colocaría al margen de la ilegalidad a un importante número de organizaciones sociales y de derechos humanos», resaltó Uzcátegui en un video difundido por Provea.
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