Amnistía Internacional (AI) denunció que el gobierno de Nicolás Maduro intensifica sus patrones de represión para detener a los venezolanos por motivos políticos y exigió la liberación de estos privados de libertad.
Así lo precisó el organismo este 29 de agosto, en su informe Vidas detenidas, en el que destacó nueve casos de personas arbitrariamente detenidas entre 2019 y 2023.
«Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos», dice el informe.
Destacó que organizaciones que defienden derechos humanos documentan que entre 2014 y 2023 ocurrieron 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país y que, en la actualidad, «alrededor de 300 personas siguen privadas de libertad en estas condiciones».
“La evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela. Nuestro informe no solo documenta las injustas detenciones de maestros, sindicalistas y defensoras de derechos humanos, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes", dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
«Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del Gobierno», acotó Guevara Rosas.
Los patrones de represión
En el documento Amnistía Internacional también detalla que «en los últimos años (2019-2023) algunos patrones parecen haberse agudizado. En particular, es de suma preocupación para la organización cómo se ha consolidado la criminalización de las personas a través de tribunales especiales con competencia en terrorismo, aplicando este marco normativo de forma amplia y para agravar las consecuencias del procesamiento penal, y de las posibles penas».
Explicó que los «patrones» que se han identificado para realizar estas acciones incluyen «detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia, períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto, imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad y limitaciones en el acceso a la defensa».
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Además, señaló que se han observado el «uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas de períodos de investigación». De igual forma, «la retaliación y la imputación del delito de asociación para delinquir bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas».
Los casos
En el escrito, la organización destacó los casos de Emirlendris Benítez, madre y comerciante detenida en agosto de 2018; María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, matrimonio detenido en marzo de 2019; Roland Carreño, periodista y activista político detenido en octubre de 2020; y Guillermo Zárraga, exsindicalista, apresado en noviembre de 2020.
Asimismo, mencionó a Darío Estrada, ingeniero y persona neurodiversa, y Robert Franco, profesor y sindicalista, ambos privados de libertad en diciembre de 2020; el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, apresado en julio de 2021; y el trabajador humanitario Gabriel Blanco, detenido en julio 2022.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional aseguró que el organismo «inicia acciones a escala global para exigir la liberación, no solo de estos nueve casos, (…) sino de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela», que incluyen la incidencia internacional, la movilización y una petición global que invitaron a firmar.
Con información de EFE
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