Asamblea Nacional condena allanamiento de inmunidad parlamentaria de cuatro diputados

Caracas.- A través de un comunicado publicado por el Centro de Comunicación Nacional, la Asamblea Nacional manifestó su rechazó energético a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de allanar, este lunes 16 de diciembre, la inmunidad parlamentaria a los diputados; Jorge Alberto Millán Torrealba, Hernán Claret Alemán Pérez, Carlos Alberto Lozano Parra y Luis Stefanelli Barjacabo.

«Esta decisión de la dictadura de Nicolás Maduro se da ante el fracaso de la primera fase de la Operación Alacrán que busca quebrar la moral y la unidad de los diputados comprometidos con el cambio, con su pueblo y con la democracia», sostiene la nota de prensa que fue publicada en la red social Twitter.

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Asimismo, desde la la Asamblea Nacional manifiestan que la decisión de allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados tiene como objetivo impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del parlamento el próximo 5 de enero.

Recordaron, además, que hasta la fecha 35 diputados han sido víctimas de lo que catalogan como maniobras inconstitucionales y exhortaron a los organismos de seguridad a no ser parte de la dictadura de Maduro. Asimismo, revelaron que ya han denunciado ante los diferentes cuerpos legislativos del mundo esta nueva arremetida contra la institución respaldada por 14 millones de venezolanos

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Pronunciamiento

A través de un comunicado, el diputado por el estado Falcón Luis Stefanelli rechazó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria por parte del TSJ, al que calificó como un órgano «usurpador» y a merced del gobierno de Nicolás Maduro.

«Cada uno de los procesos alrededor de esta decisión son ilegales e inscontitucionales debido a que los diputados de la Asamblea Nacional solo le puede ser allanada la inmunidad a través del mismo Parlamento, órgano que lo calificó», dijo.

Señaló que la consideración de flagrancia intemporal es «un invento» del Poder Judicial, al mismo tiempo que también consideró absurda la disposición de la Fiscalía de poder enjuiciar a los parlamentarios en cualquier tribunal penal, sin importar su investidura ni los procedimientos plasmados en la Constitución.