Caracas.- Por «violar el derecho internacional» y promover unas medidas «ilegales», la Asamblea Nacional de mayoría oficialista acordó este 23 de febrero solicitar a Nicolás Maduro la expulsión de la representante de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante, así como la declaratoria de persona non grata.
En sesión ordinaria de este martes, los diputados enfatizaron en que las sanciones recientes en contra de 19 funcionarios venezolanos, entre los que destacan diputados y miembros de fuerzas de seguridad del Estado, representan una «pretensión colonialista e injerencista».
El diputado José Brito, uno de los sancionados por los 27 países, aseguró que quienes deberían ser sancionados son los que piden estas medidas «violatorias de los derechos humanos». Indicó que las cuatro causales por las que la UE los sancionó son violación a los derechos humanos, terrorismo, corrupción y narcotráfico. Sin embargo, en los motivos del organismo europeo no aparecen las últimas tres que menciona Brito.
LEE TAMBIÉN
Asamblea Nacional opositora rechaza informe de la relatora de la ONU
Por su parte, el diputado Bernabé Gutiérrez, otro de los 19 sancionados, llamó «hamponato» a los partidos políticos del G-4 –Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo-, y señaló que seguramente esos dirigentes estaban celebrando las medidas.
«Pretenden acobardarnos, a quienes estamos apegados a vivir en democracia y a los que creemos en el voto como una institución para elegir instituciones como estas", indicó Gutiérrez, quien, por decisión arbitraria del Tribunal Supremo de Justicia, dirige AD.
Ilenia Medina, diputada de Patria Para Todos, cuestionó la decisión basándose en que el Alba (un tratado de comercio entre países americanos) no tiene una oficina en Europa, así como tampoco la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un organismo de integración; por lo tanto no aceptan una oficina de la UE en Venezuela.
En ese sentido, los parlamentarios también pidieron a Maduro revisar el acuerdo de funcionamiento de esa oficina en el país debido a que «se están irrespetando las normas internas».