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Caracas.- Con alarmantes cifras que revelan un 200% de hacinamiento, condiciones sanitarias y de alimentación cada vez más precarias, finalizó este miércoles, 23 de junio, la audiencia pública realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación carcelaria en Venezuela.
La CIDH realizó el evento vía online a través de la plataforma Youtube, el cual trató sobre el cumplimiento, por parte del Estado venezolano, a la sentencia emitida en 2006 acerca de la masacre del Retén de Catia. En la audiencia, que contó con la intervención de la cofundadora de Cofavic, Liliana Ortega, y los doctores Carlos Ayala Corao y Francisco Quintana, se habló principalmente sobre los avances que deberían observarse en relación al mejoramiento de las condiciones en los retenes penitenciarios del país desde que fue emitida la sentencia.
Sin embargo, los informes discutidos en la audiencia demuestran que la situación no ha mejorado en nada. Cabe destacar, que se esperaba contar con la presencia de representantes del Estado en la audiencia, pero nadie asistió en nombre del régimen de Nicolás Maduro, ni tampoco se excusaron de manera oficial por no tomar parte.
Cifras
Fue Ortega quien precisó algunos de los datos más relevantes al respecto, destacando que estos fueron aportados en su mayoría por ONG como Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, debido al acceso limitado que le impusieron a la comisión enviada por Michelle Bachelet en 2019, cuando se supervisó la situación de los Derechos Humanos en el país.
“En Venezuela hay 42 cárceles, con capacidad para albergar a 21.188 personas, pero actualmente mantienen a 37.577 detenidos, lo cual representa un hacinamiento del 77%", dijo. Igualmente destacó el caso del Inof, único centro de reclusión para mujeres a nivel nacional, cuya capacidad es para 350 féminas, pero que actualmente reporta 533 detenidas, lo cual se traduce en un 52% de hacinamiento.
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“También resalta la situación en los calabozos de comisarías y centros militares del país, los cuales se han convertido en pequeñas cárceles y con condiciones muy preocupantes. La capacidad de estas celdas es de 13.800 detenidos, pero los estudios realizados en 2020 contabilizan más de 40 mil detenidos, y eso es un 240% de hacinamiento", detalló Ortega.
Igualmente indicó que un análisis realizado a 111 calabozos determinó que en el 16% de estos los desechos humanos se acumulaban fuera de las celdas, solo un 24% poseían baños, el 86% carece de ventilación y en el 71% conviven reos enfermos y sanos al mismo tiempo.
Alimentación
Por su parte, el Dr. Carlos Ayala habló sobre los problemas con la comida en las cárceles, destacando que, según los informes, a los reclusos se les da comida solo una vez al día, y esta nunca es balanceada ni variada. “Los reclusos tienen que comprar su propia comida dentro de la cárcel, o la reciben de sus familiares", indicó.
Recordó lo ocurrido en mayo de 2020, durante el motín en el Retén de los Llanos (Portuguesa), hecho en el cual fallecieron 47 reclusos y hubo 75 heridos, protesta que inició precisamente porque no estaban recibiendo alimentos en ese centro carcelario. “La comisión envida por Bachelet supo de 1.300 casos de desnutrición en las cárceles, y a raíz de la pandemia, las condiciones de la alimentación se agravaron", dijo.
La audiencia dictaminó que el Estado venezolano “no ha cumplido ni con una de las medidas exigidas en la sentencia", por lo que exhortó al Gobierno a cumplir con los estándares internacionales de las cárceles, así como a elaborar un informe sobre la adaptación de estas para que tengan espacio y ventilación, además de mejorar las condiciones higiénicas y la alimentación de los presos.
