Caracas.- Estados Unidos fijó la fecha del 30 de noviembre como plazo para que el gobierno de Nicolás Maduro defina varios aspectos políticos cruciales para la próxima elección presidencial prevista en 2024: la habilitación de María Corina Machado (candidata ganadora de la Primaria opositora), acordar cuándo serán los comicios presidenciales el próximo año, así como avanzar en la liberación de presos políticos, incluidos estadounidenses encarcelados en Venezuela.
Transcurridos 20 días desde que Juan González, asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden, precisara el plazo para que la administración de Maduro mostrara avances en los puntos suscritos en el acuerdo de Barbados, analistas resaltan la ausencia de concesiones por parte del oficialismo en el contexto político, luego de la suspensión temporal de sanciones financieras a cargo de Estados Unidos.
«Contrario a lo que parecía en un primero momento, con la firma del acuerdo de Barbados y la liberación de los primeros cinco presos políticos, todo se estancó. Probablemente eso responda a la naturaleza heterogénea del chavismo, en donde hay varios grupos de poder que se disputan la toma de decisiones», explicó vía telefónica a El Pitazo Luis Peche, consultor político e internacionalista.
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Principales figuras del oficialismo, como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del oficialismo y titular de la Asamblea Nacional electa en 2020, recalcaron en las últimas semanas que el Gobierno no aceptará un ultimátum, plazo o amenaza por parte de Estados Unidos.
«¿Usted sabe qué va a pasar el 30 de noviembre a las 12 de la noche? Que viene diciembre, que se acabó; eso es lo único que va a pasar (…) ¿Qué nos van a hacer que nos nos hayan hecho? ¿Nos van a amenazar a estas alturas?», dijo Cabello en su programa semanal, el pasado 22 de noviembre.
«Cuesta creer que en las pocas horas que quedan el Gobierno vaya a tomar grandes medidas, como también cuesta creer que las medidas por parte de Estados Unidos, como respuesta a unas acciones escuetas o a la no adopción de medidas antes del 30 de noviembre, pueda traer como consecuencia el retroceso en la flexibilización de sanciones reciente», añadió a El Pitazo el director de la consultora LOG Consultancy, Giulio Cellini.
El efecto de la Primaria
La habilitación de María Corina Machado, como ganadora de la Primaria y su liderazgo en la oposición tras convertirse en la candidata presidencial unitaria, implica un riesgo político considerable para la administración de Maduro, de acuerdo con Peche y Cellini.
«La habilitación de María Corina Machado no se va a producir antes del 30 de noviembre, las posibilidades son prácticamente nulas y Estados Unidos sabe que la habilitación de María Corina Machado equivale a que el Gobierno venezolano firme una carta de renuncia y eso no va a pasar», añadió Cellini.
En el oficialismo, la habilitación de Machado es un tema que genera diversas reacciones: Cabello sostiene que la oposición no puede contar con esa medida. «No vas», suele decir el primer vicepresidente del PSUV en alusión a Machado. Maduro y Jorge Rodríguez, por momentos, no se muestran tan tajantes, aunque no eluden ese asunto político y hablan de responsabilidades por la imposición de sanciones internacionales.
«En el centro de todo está María Corina Machado. Datanálisis midió la popularidad de María Corina Machado y dijo que pasó de 40 puntos a 80 puntos en el momento que terminó la Primaria, un salto cuantitativo que tiene que ver con su victoria y su proyección como líder nacional. El chavismo sabe que en una elección con mínimas garantías saldría derrotado», acotó Peche.
Un reporte de la agencia Reuters destaca que, según fuentes, el Gobierno podría permitir que las figuras políticas de la oposición mayoritaria inhabilitadas apelen en tribunales del Poder Judicial la medida impuesta por la Contraloría General, en un movimiento político que simule el cumplimiento parcial de las demandas que Estados Unidos puso sobre la mesa para la flexibilización de las sanciones financieras.
El impacto de las sanciones
Maduro condena las sanciones y sostiene que Estados Unidos debe levantarlas todas para iniciar «un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones, de colaboración al máximo nivel» entre ambos países. «Estamos preparados, listos, lo queremos, y es el consenso de todos los sectores políticos», dijo el gobernante en una sesión del denominado Consejo Nacional de Economía Productiva, en presencia de representantes de sectores empresariales.
La más reciente flexibilización de sanciones estadounidenses en el sector petrolero y también gasífero tras el acuerdo de Barbados impulsa a ejecutivos petroleros de empresas de EE. UU., Suecia, Hungría, de Trinidad y Tobago, y hasta de Bolivia, de acuerdo con un reporte de Bloomberg Línea.
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El gobierno de Biden, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca que habló a El Nuevo Herald, está dispuesto a revertir la flexibilización de las sanciones si la administración de Maduro no avanza en el acuerdo suscrito en Barbados.
Una reversión en la flexibilización de las sanciones por parte de EE. UU., según estimaciones de la consultora Oikos Research, implicaría en 2024 una caída de 2 % de la maltrecha economía venezolana, que entre 2013 y 2020 perdió 80 % del PIB.
Cellini cree que la amplitud de la flexibilización de las sanciones financieras y petroleras implica también mayores dificultades para revertirlas en el corto plazo, pero no descarta acciones por parte de Estados Unidos si el oficialismo no demuestra voluntad y disposición a avanzar en los puntos políticos cruciales del acuerdo de Barbados.
El abogado y exprocurador del gobierno interino que lideró Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, puntualizó la diferencia entre las diversas licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y detalló que las empresas pueden optar por acogerse a alguna de las condiciones establecidas, «asumiendo el riesgo de no renovación si no se cumplen las reformas electorales».
Incluso, con una flexibilización de sanciones financieras de entre 6 y 12 meses por parte de EE. UU., la consultora Oikos Research estima un crecimiento económico moderado en esos escenarios de 4 % y hasta 8 % como techo, números insuficientes para las urgentes necesidades de la economía venezolana bajo las administraciones chavistas.
«El Gobierno está interesado en el levantamiento de sanciones, pero no va a poner en riesgo su permanencia en el poder; no busca rendirse con la negociación, al contrario, quiere permanecer en el poder en mejores condiciones que las de los últimos años: siempre preferirá tener el mismo cerco de sanciones, en el peor de los casos, que entregar el poder», concluyó Cellini.
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