Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles, 28 de agosto, su preocupación por el incremento de la represión en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales han sido objeto de cuestionamientos por gran parte de la comunidad internacional.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizado en la ciudad de Washington, sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, «refleja patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017».
La CIDH dijo que observó «uso arbitrario de la fuerza», lo que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos; detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas más de un centenar de menores de edad.
«Hostigamiento contra personas percibidas como opositoras, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión», añadió la abogada barbadense.
Tras la presentación del informe, intervinieron los países que habían convocado la reunión. Decidieron no hacer uso de la palabra el resto de países, Brasil, México y Colombia, que han adoptado una posición más mediadora con Caracas.
En ese turno abierto de palabra, el embajador de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, afirmó: «estas graves denuncias no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional».
La representante costarricense, Milagro Martínez, abogó por un «proceso de transición justo y de buena fe» en Venezuela protagonizado por todas las partes; el embajador peruano, José Luis Sardón, a su vez, denunció que en el país caribeño «todo ha sido falseado».
Por su parte, el embajador estadounidense, Frank Mora, dijo que el gobierno de Maduro y sus representantes «han perpetuado un clima de miedo» que se ha «agravado» después del 28 de julio.
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«Estados Unidos se solidariza con el pueblo de Venezuela, que ha expresado su deseo de cambio y de volver a las normas democráticas», afirmó, denunciando un «panorama escalofriante de derechos humanos».
«El régimen está sembrando el terror para silenciar a la ciudadanía y perpetuarse en el poder», añadió Mora.
También tomó la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que reiteró su solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) de imputación de cargos y órdenes de detención contra «los principales responsables» gubernamentales de Venezuela, incluido Maduro. «El camino de la justicia internacional es un camino en el que seguiremos insistiendo», advirtió.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó hace dos semanas por consenso una resolución que exige a las autoridades venezolanas la publicación «de manera expedita» de las actas de las elecciones.
Venezuela no forma parte de la OEA porque su Gobierno decidió retirarse del organismo en 2017 ante lo que consideraba una injerencia de la organización, con sede en Washington, en asuntos internos. Su salida se hizo efectiva en 2019.
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