Caracas.- El candidato presidencial independiente, postulado por el partido Confederación Nacional Democrática (Conde), Benjamín Rausseo, divulgó el lunes 20 en redes sociales una propuesta de pacto de gobernabilidad que llamó Acuerdo de cambio en paz por la convivencia política para la gobernabilidad de la Venezuela del futuro.
Rausseo se suma a otros aspirantes presidenciales en carrera, como Enrique Márquez o Daniel Ceballos, quienes han manifestado la necesidad de que todos los candidatos presidenciales suscriban un acuerdo de gobernabilidad antes de la elección presidencial prevista para el 28 de julio.
La propuesta de Rausseo incluye varios puntos llamativos sobre aspectos políticos que ya generan discusión dentro y fuera de Venezuela, así como entre las filas del oficialismo y de la oposición mayoritaria en torno a la Plataforma Unitaria Democrática. La propuesta del candidato es un pacto para «facilitar y garantizar una transición ordenada y pacífica«.
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En un repaso de los aspectos resaltantes de la propuesta de Rausseo, El Pitazo resume en cinco claves los aspectos llamativos del acuerdo que impulsa el candidato para que los nueve aspirantes que lo acompañan en carrera lo suscriban.
Transición pacífica y cívica
El documento de cinco páginas, que divulgó Benjamín Rausseo como su propuesta de acuerdo o pacto de gobernabilidad, detalla en el cuarto punto que los aspirantes acuerden participar «en una transición pacifica y cívica del poder al candidato electo».
De acuerdo con el texto, ese período se hará «instando y cooperando con todas las instituciones del Estado, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos de seguridad en el respeto y cumplimiento de este compromiso, a fin de facilitar y garantizar una transición ordenada y pacífica«, precisa el acuerdo.
Posible reforma constitucional
En el quinto punto de su propuesta, Rausseo resalta la necesidad de abarcar en un «compromiso de diálogo y colaboración post electoral» discusiones sobre las reformas económicas, políticas y sociales necesarias para la recuperación y el progreso del país, entre las cuales podría incluirse una posible reforma constitucional.
Esa última propuesta sobre la carta magna se plantea «para eliminar la reelección indefinida y la vuelta al Congreso Bicameral, con la restitución del senado, incluida la figura del senador vitalicio para todos los expresidentes constitucionales», especifica el documento.
Sobre recompensas y sanciones personales
En el octavo punto, la propuesta de acuerdo de Rausseo precisa que el candidato que resulte ganador se compromete a «procurar amplias y suficientes garantías de no persecución política a ningún líder político de ninguna tendencia o partido, y a cualquier funcionario o exfuncionario del gobierno en funciones para el momento de la elección».
Asimismo, la propuesta detalla que el candidato ganador el 28 de julio debe comprometerse a procurar el «establecimiento de escenarios o vías que permitan la consideración y posible ejecución de medidas como la eliminación de recompensas por captura en contra de los dirigentes o funcionarios públicos y el retiro de las sanciones personales o sectoriales por gobiernos extranjeros, así como el levantamiento absoluto a las sanciones económicas».
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Persecución política y violación de derechos humanos
El acuerdo propuesto por Benjamín Rausseo no plantea de forma concreta la liberación de presos políticos, que suman al menos 273, según la ONG Foro Penal, sino que plantea el establecimiento de una «Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación, con plena autonomía, imparcialidad y recursos adecuados para investigar y esclarecer los casos de persecución política y violación de derechos humanos ocurridos en el pasado».
Ese ejercicio de investigación y esclarecimiento se hará «reivindicando a las instituciones encargadas de proteger y promover los derechos humanos, mejorando su capacidad para actuar eficazmente y asegurando el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos», añade.
Migración
Rausseo también incluye en su propuesta un punto vinculado con el exilio forzado y la migración venezolana, que supera los 8 millones de connacionales, y plantea la necesidad de ejecutar un «programa de retorno seguro y digno para todos los venezolanos».
Para ejecutar ese programa de retorno se promoverá «el regreso de los exiliados o venezolanos que han recibido asilo en otros países debido a los conflictos y crisis políticas previas, asegurando su integración y participación en la vida nacional», precisa el documento.
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