Caracas.- La abogada y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, lleva 110 días detenida este 30 de mayo por haber sido señalada de participar en una presunta conspiración en contra de Nicolás Maduro. La ONG Defiende Venezuela identificó cinco derechos humanos que se han violentado desde el día de su detención.
Desde su privación de libertad el pasado 9 de febrero, organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), han pedido su liberación inmediata y el cese de las persecuciones a defensores de derechos humanos.
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1. Libertad y seguridad personal
Según la ONG, el primero de los derechos humanos violentados en el caso de Rocío San Miguel es el derecho a la libertad y la seguridad personal.
Este derecho, consagrado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), establece que «nadie será arbitrariamente detenido, preso ni desterrado».
La detención de San Miguel fue realizada sin una orden judicial adecuada y sin seguir los procedimientos legales establecidos.
2. Juicio justo
El segundo derecho violado es el de tener un juicio justo, consagrado en el artículo 10 de la DUDH. Rocío San Miguel ha sido mantenida en detención preventiva sin acceso a un tribunal independiente e imparcial que garantice un juicio justo y público.
Desde su detención no se le ha permitido el acceso adecuado a su abogado defensor y no se han establecido fechas concretas para una audiencia.
3. Libertad de opinión y expresión
El tercer derecho afectado es el derecho a la libertad de opinión y expresión, protegido por el artículo 19 de la DUDH.
San Miguel ha sido una crítica vocal del Gobierno venezolano y de sus prácticas militares. Su aprehensión parece ser un intento de silenciar su voz, limitar su capacidad para expresar libremente sus opiniones y denunciar abusos.
En los días previos a su detención, la abogada había publicado varios informes y declaraciones para criticar la corrupción en la Fuerza Armada y la falta de transparencia en el Gobierno de Venezuela.
4. No ser sometido a torturas
Informes de organizaciones de derechos humanos indican que San Miguel ha sido mantenida en condiciones deplorables, sin acceso adecuado a asistencia médica y en aislamiento prolongado.
Aunque no se ha confirmado el uso de tortura física, las condiciones de su detención y el estrés psicológico asociado pueden constituir formas de trato cruel e inhumano.
5. Protección judicial
El derecho de protección judicial garantiza a toda persona la posibilidad de recurrir ante los tribunales nacionales competentes para obtener protección contra actos que violen sus derechos fundamentales.
En el caso de Rocío San Miguel, la falta de un proceso judicial adecuado y la posible manipulación del sistema judicial para fines políticos impiden que obtenga una protección judicial efectiva.
La situación se agrava por la denuncia de sus abogados sobre la falta de respuesta a las apelaciones y recursos presentados, lo que refleja la corrupción y politización del sistema judicial venezolano.
Con información de nota de prensa.
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