Caracas.- El Gobierno venezolano creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad, y el decreto fue publicado en la Gaceta Oficial N° 42.939, del 12 de agosto de 2024. Este organismo tendrá la tarea de asesorar al presidente y al Consejo de Defensa en la elaboración de una política nacional de ciberseguridad.
La resolución destaca que el país ha sido víctima de agresiones cibernéticas que han afectado sectores claves, como la industria petrolera, el suministro eléctrico y los procesos electorales. Además, acusa a magnates y empresas tecnológicas de utilizar la tecnología para actividades delictivas, ciberterrorismo y desestabilización política. También advierte sobre los riesgos actuales del mal uso de la tecnología, lo que representa una amenaza para la paz y la seguridad nacional, y exige un mayor esfuerzo del Estado para mitigar estos peligros.
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Entre las principales atribuciones del Consejo se incluye la creación de una red de vigilancia permanente para incidentes telemáticos con la finalidad de prevenir, mitigar y controlar los delitos informáticos de manera más eficiente. Adicionalmente, el organismo tendrá la capacidad de solicitarles información a entidades públicas y privadas.
El Pitazo te expone en siete claves las responsabilidades que recaerán en el Consejo Nacional de Ciberseguridad:
- El ciberespacio es declarado de interés público y estratégico y requiere políticas de seguridad, administración y control para asegurar la soberanía y estabilidad del país.
- Se establecerá una red de vigilancia las 24 horas para incidentes telemáticos, conectada con redes regionales para combatir delitos informáticos transfronterizos.
- El Consejo podrá solicitarles a entidades públicas y privadas aquellos datos, estadísticas e información relacionada con la seguridad informática de la nación.
- Se impulsarán programas de formación en ciberseguridad y se fomentará la creación de equipos especializados en el sector público y privado.
- Promoverá inversiones para fortalecer la infraestructura telemática del Estado.
- Sugerir regulaciones, leyes y reglamentos orientados a la prevención del uso delictivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
- Crear comités de trabajo y emergencia interinstitucionales para prevenir el uso delictivo de las TIC.
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