La tarde de este viernes 15 de noviembre, un grupo armado sin identificación de ningún cuerpo policial ingresó a la sede del partido Voluntad Popular, ubicada en el Centro Plaza de Los Palos Grandes, Caracas, donde robaron equipos y cédulas de identidad de los presentes, cuando realizaban una reunión logística para la marcha opositora de este sábado 16N.
El presidente encargado de la República -y militante de la tolda naranja-, Juan Guaidó, consideró el hecho como una amenaza para atemorizar a la población antes de la jornada de protesta. «Buscan intimidar y no lo lograron«, dijo.
El partido había sido noticia también el pasado miércoles, cuando Diosdado Cabello aseguró que habían detenido en Lara a dos sujetos con granadas y armamento que traían además franelas de Voluntad Popular. La organización inmediatamente desmintió su vinculación con los individuos, denunciando que las camisas habían sido sembradas para incriminarles.
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Sin embargo, esta no es la primera vez que la tolda está en la mira del poder, pues desde su consolidación como plataforma política en 2009, no solo ha sido el foco de acusaciones y amenazas en los discursos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sino además objeto de persecución, amedrentamiento y bloqueo institucional por parte de organismos del Estado y civiles armados.
A continuación un repaso al historial de ataques que ha recibido Voluntad Popular en los últimos años:
1.- Uno de los hechos más recientes que ha afectado a la tolda fue el asesinato del exconcejal y líder social del municipio Sucre Edmundo Rada, quien el pasado de 17 de octubre fue encontrado calcinado y con dos disparos en una zona industrial de Petare tras varios días desaparecido. Aunque el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que las investigaciones criminalísticas concluyeron que se había tratado de un crimen pasional, tanto familiares como dirigentes del partido desmienten esta versión y aseguran que se trató de un asesinato político perpetrado por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Boliviariana (Faes).
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2.- Voluntad Popular ha sido uno de los más férreos detractores la llamada Revolución Boliviariana, siendo igualmente correspondida por el oficialismo. En 2014, el fundador y coordinador nacional del partido, Leopoldo López, planteó una agenda de calle para promover la renuncia de Nicolás Maduro que fue conocida como «La Salida». Después de los hechos sangrientos del 12 de febrero donde fueron asesinadas tres personas, el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra López, la cual acató entregándose el 18 de febrero en medio de una gran manifestación en la plaza Brión de Chacaíto. Varios días después, el 27 de febrero, la Fiscalía también ordenó arrestar al segundo al mando del partido, Carlos Vecchio, quien partió exiliado a Estados Unidos.
3.- López y Vecchio no han sido los únicos dirigentes de Voluntad Popular perseguidos durante el gobierno de Maduro. Lester Toledo, entonces diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, fue acosado en 2016 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por denunciar la malversación de fondos durante la gobernación de Francisco Arias Cárdenas. El amedrentamiento incluyó el allanamiento de su vivienda, amenazas contra su esposa e hija, el secuestro y tortura del miembro de su equipo y de la Juventud de VP-Zulia, Johans Vizcaíno, y finalmente su vinculación en presuntos actos terroristas por parte del ministro Gustavo González López, haciéndolo salir del país ayudado por funcionarios migratorios ese mismo año.
4.- Igualmente, durante las protestas de 2014, Nicolás Maduro anunció acciones contra los alcaldes que permitieran manifestaciones ciudadanas en sus municipios. Entre los atacados por esta medida estuvo el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien permaneció detenido en los calabozos de El Helicoide durante cuatro años. En 2017, un hecho similiar se repitió con el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, quien pasó a la clandestinidad antes de finalmente abandonar el país.
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5.- En mayo de 2017, en medio de la segunda ola de protestas que sacudía al país, el Sebin allanó un apartamento en Bellas Artes, Caracas, donde detuvo a dos miembros de la Juventud de VP. David Sosa, estudiante de Estudios Políticos de la UCV y María Andreína Montilla, estudiante de Comunicación Social de la Ucsar, fueron acusados de organizar actos terroristas, y permanecieron durante meses en los calabozos del cuerpo de inteligencia. La persecusión contra líderes juveniles de la tolda ha sido frecuente, siendo el caso de la dirigente Ana Karina García, quien debió partir al exilio en 2018.
6.- Uno de los frentes donde Voluntad Popular ha sido más atacado, es el parlamentario. El diputado indígena por el estado Amazonas, Romel Guzamana, fue uno de los increpados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por presunto fraude electoral, en un caso que más adelante llevó a la Asamblea Nacional a ser declarada en desacato por negarse a desincorporarlo. El mismo TSJ, en 2017, abriría una causa contra el entonces vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, por el que actualmente se encuentra asilado en la embajada de Chile, y ese mismo año, el diputado suplente Gilber Caro fue detenido a pesar de su inmunidad parlamentaria por presuntamente llevar armamento de guerra en su vehículo, por lo que fue apresado hasta 2018. También son destacados los casos de los activistas Rosmit Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo, quienes para el momento de ser elegidos como legisladores, se encontraban detenidos por razones políticas.
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7.- Después de Primero Justicia, la tolda naranja es la que posee el mayor número de diputados cuya inmunidad parlamentaria ha sido allanada. Uno de ellos ha sido el propio Juan Guaidó, aunque en la lista también figuran Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Gaby Arellano, Freddy Superlano, Armando Armas, Sonia Medina, Sergio Vergara y Franco Casella, quienes permanecen en la clandestinidad o el exilio. Otros como Rosmit Mantilla están fuera del país como secuela de su periodo como preso político.
8.- Otra detención que marcó al partido fue la de Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó y exsecretario de la Asamblea Nacional, quien fue arrestado el 29 de marzo de este año durante un allanamiento a su vivienda hecha por funcionarios del Sebin. Los agentes inicialmente sometieron al diputado Sergio Vergara, quien era su vecino, y tras romper la puerta de la casa de Marrero, lo llevaron esposado bajo la acusación de estar involucrado en una supuesta célula terrorista colombiana. Voluntad Popular ha rechazado rotundamente los cargos contra el dirigente, considerado mano derecha de Guaidó, y denuncia que al momento de su captura, le fueron sembrados fusiles y granadas por los uniformados. Actualmente continúa preso en El Helicoide.
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