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Caracas.- Traición a la patria, asociación para delinquir, desobediencia a las leyes, usurpación de funciones, ultraje al centinela, rebelión civil, tráfico de armas y explosivos son algunos de los delitos por los que estaban acusadas, presas o perseguidas las 110 personas a las que el Gobierno les anuló los procesos judiciales
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, hizo el anuncio y en El Pitazo presentamos las claves de cuál es la situación de quienes recibieron la medida y las razones que los llevaron a estar bajo el ojo del poder judicial:
Renzo Prieto
Diputado de la Asamblea Nacional. Fue acusado de financiamiento de terrorismo y promoción del odio y el tribunal del caso ordenó su privación de libertad. Se encontraba en la sede de las Faes en La Quebradita, donde también estaban Williams Correia y Deivy Jaimes. Hace apenas un mes su hermano denunció que el parlamentario estaba delicado de salud por una desviación en la columna. Prieto ya había sido detenido en 2014 (antes de ser diputado) por los presuntos delitos de obstrucción contra la seguridad en la vía pública en grado de complicidad, asociación para delinquir y fabricación ilícita de armas explosivas.
Gilber Caro
Diputado de la Asamblea Nacional. Fue detenido en dos oportunidades en 2019: en abril y puesto en libertad en junio; y en diciembre hasta que este lunes, 31 de agosto, recibió la medida de anulación del proceso judicial en su contra. Fue en enero de este año que se dio a conocer que estaba detenido en la sede de la PNB, en La Quebradita, Caracas. En días recientes su hermana y su defensa denunciaron que Caro estaba en avanzado estado de deterioro por las condiciones de su detención.
Roberto Marrero
Abogado y jefe del despacho de la presidencia del Parlamento. Las autoridades lo acusaron de formar parte de una célula terrorista “que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos". En días recientes sus familiares y abogados denunciaban lo vulnerable que se encontraba al estar aislado en El Helicoide en medio de la pandemia por COVID-19.
Antonia Turbay:
Abogada. Era vecina del comisario Iván Simonovis y fue detenida bajo el argumento de que colaboró en su fuga. La recluyeron en El Helicoide.
Vasco Da Costa:
Activista político venezolano. Lo detuvieron en 2018 acusado de planificar ataques a sedes de los organismos públicos. Fue acusado de instigación y ultraje al centinela. Lo más reciente que se sabe de su caso es que su hermana, Ana Da Costa denunció que tenía una protuberancia en el ojo por lo que fue recluido en el Hospital Militar de Caracas.
José Alberto Marulanda:
Médico colombovenezolano. Fue detenido por su presunta vinculación sentimental con la sargento del ejército, Emmy Mirella da Costa, quien a su vez era buscada por instigación al odio y traición a la patria. Estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.
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Wilman Rada:
Trabajador y dirigente sindical del hospital Clínico Universitario de Caracas. Se lo llevaron detenido por denunciar la corrupción dentro del centro hospitalario.
Isabel Zambrano:
Acusada de presunta corrupción y de haber negado medicamentos a pacientes del hospital del Seguro Social “Dr Patricinio Peñuela Ruiz"
Ramón José Medina:
Abogado y exdirectivo de El Nacional. Había sido señalado en el proceso judicial que emprendió Diosdado Cabello contra el diario. Duró cuatro años con prohibición de salida del país y su causa finalizó hace un año y medio.
Demóstenes Quijada:
Asesor político e ingeniero industrial. Fue detenido en abril de este año acusado de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos, y ocultamiento de drogas. Estaba recluido en la sede de la DGCIM en Boleíta y pese a que también tiene nacionalidad española, poco pudo hacer la presión diplomática para lograr su liberación.
Rubén González:
Dirigente sindical. Fue imputado por los delitos de ultraje al centinela y a la Fuerza Armada Nacional. Sus familiares habían denunciado el deterioro de su salud y hace apenas 20 días la corte marcial que tenía su causa había desestimado una apelación.
Zenaida Lobo:
Fue detenida en 2019 luego de su hermano el sargento de la GN, Luis Lobo se sublevara en la rebelión del 21 de enero de ese año, en Cotiza.
Wilmer Toro:
Dirigente comunitario. Fue detenido luego de protestar por falta de servicio eléctrico y agua potable. Sus allegados denunciaron que el cuerpo de seguridad que efectuó la detención fueron las Faes.
Nicmer Evans:
Politólogo y dirigente del partido. Fue acusado de instigación al odio bajo la Ley contra el Odio, promovida desde la Asamblea Constituyente. El 18 de julio un tribunal ratificó su privativa de libertad.
Joelkys Frontado y José Daniel Hernández:
Acusados de asociación para delinquir y comercialización de explosivos. Se encontraban recluidos en El Helicoide.
A esta lista de presos se suman al menos 30 diputados de la Asamblea Nacional en el exilio o la clandestinidad, acusados, entre otras cosas, de traición a la patria, asociación para delinquir, desobediencia a las leyes, usurpación de funciones, ultraje al centinela, rebelión civil, entre otros.
